El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los Informes Anuales 2018 y 2019 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).
Fernández Marugán, que no había tenido oportunidad de comparecer para presentar estos informes, primero por las diferentes citas electorales y después por la crisis provocada por la COVID-19, ha repasado la labor que realiza la Institución para velar por los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Durante estos dos años, el Defensor ha realizado 217 visitas en su condición de MNP. En 2019, el MNP inspeccionó 106 lugares de privación de libertad y formuló 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales. En 2018, realizó 111 visitas que motivaron 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.
En su intervención, Fernández Marugán ha analizado las principales carencias detectadas durante las inspecciones. Así, en lo relativo a las dependencias de privación de corta duración, ha asegurado que, por ejemplo, en los calabozos los principales problemas tienen que ver con infraestructuras deficientes con carencia de luz natural y poca ventilación.
Personas migrantes
El Defensor ha hecho especial hincapié en las condiciones de privación de libertad de las personas migrantes. El Defensor ha analizado en primer lugar la situación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). En la actualidad, existen cinco ubicados en San Roque (Cádiz), Málaga, Almería, Cartagena (Murcia) y Motril (Granada). En ellos, se han detectado carencias en las instalaciones para atender las necesidades de las personas que llegan en pateras. Así, se ha observado hacinamiento, presencia de madres con hijos, personas enfermas y se ha podido constatar que no se daban las garantías suficientes para solicitar protección internacional.
Por otra parte, en lo referente a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Fernández Marugán ha recordado que en el inicio de la pandemia solicitó el cierre de estos centros ya que no se daban las condiciones para que las personas ingresadas en ellos fueran expulsadas a sus países de origen por lo que no podían cumplir con su cometido. El Ministerio del Interior cerró todas las instalaciones pero en las últimas semanas ha vuelto a reabrirlas.
En opinión del Defensor, en la actualidad “sería necesario replantearse seriamente la organización y gestión de estos centros”. En este sentido, ha recordado que la Institución lleva años proponiendo mejoras para estos lugares. Así, ha insistido en la necesidad de disponer de una infraestructura adecuada, personal especializado, facilitar las comunicaciones de los internos con abogados y entidades sin ánimo de lucro e incrementar el número de cámaras de videovigilancia y grabación.
La Institución también supervisa los vuelos de repatriación de personas extranjeras. Entre 2018 y 2019 ha monitorizado 29 operativos FRONTEX.
Centros penitenciarios
La situación de las personas sometidas a penas de privación de libertad de larga duración preocupa especialmente al Defensor del Pueblo. Fernández Marugán ha explicado que en estos dos años se han inspeccionado 29 centros penitenciarios y de nuevo los principales problemas con los que se han topado el MNP tienen que ver con la aplicación de sujeciones mecánicas, el seguimiento y control de las denuncias de los internos por malos tratos o las deficiencias en la atención sanitaria donde se ha detectado una insuficiencia de dotación de personal sanitario.
