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El Gobierno, patronal y sindicatos han firmado este viernes un acuerdo para modernizar el marco laboral y las políticas activas de empleo. Además, han acordado seguir negociando en el marco del diálogo social para mejorara las condiciones de trabajo y el sistema público de pensiones que permitan afloraar la economía sumergida.
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El Gobierno firma con los agentes sociales el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo.#PlanDeReactivación https://t.co/sVKewpQDs2— La Moncloa (@desdelamoncloa) July 3, 2020
Lea el acuerdo íntegro para areactivar el empleo y la ecconomía, a continuación:
"Reunido el Gobierno con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas alcanzamos el siguiente:
ACUERDO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO
1. El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo tras la desescalada de las medidas de contención adoptadas ante la emergencia sanitaria causada por el COVID 19. Las circunstancias excepcionales actuales exigen llegar a acuerdos amplios de país que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases de un crecimiento económico más sostenible e inclusivo, apoyado en la economía “verde” y la transición ecológica justa, en la digitalización, en la reindustrialización del país y el desarrollo de sectores estratégicos, en la colaboración público- privada, la I+D y la ciencia, en la educación y la formación profesional, en la creación de empleo de calidad y un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, en el aumento de la productividad y el refuerzo de nuestro Estado de bienestar. Todo ello, advirtiendo la necesidad del refuerzo de nuestros servicios públicos en los distintos niveles de la Administración, especialmente sanidad y atención a nuestros mayores, claves ante una situación de emergencia sanitaria similar a la actual.
2. Por eso consideran imprescindible continuar el Diálogo Social, emplazándose a intensificar las reuniones en el plazo más breve posible.
3. Desde el inicio de la crisis, se han puesto en marcha un conjunto de medidas excepcionales en el ámbito económico y social que, acompañando a las medidas sanitarias, han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre ellas, destaca la movilización de más de 100 millones de euros en avales públicos a través del ICO para garantizar la liquidez del conjunto de la economía, en especial de las PYMEs, el establecimiento de un mecanismo ágil para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con fuerte apoyo público y la adopción de una red de seguridad para las familias y los trabajadores, incluyendo una prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad y el establecimiento de un mecanismo permanente de Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables.
4. Tras el fin del periodo de hibernación, el Gobierno ha puesto en marcha medidas adicionales para impulsar y acompañar la progresiva reactivación económica, incluyendo planes de choque que movilizan un importante volumen de recursos públicos para los sectores estratégicos más afectados, con un carácter tractor sobre el conjunto de la economía y el territorio, como el turismo y la cadena de valor de la industria de automoción.
Estas medidas comportan un importante esfuerzo presupuestario, de todos los ciudadanos, y son una clara expresión de la fuerte solidaridad y el compromiso con las empresas y los trabajadores del conjunto del país, así como de la importancia del Diálogo Social.
5. Así, con el fin de facilitar la vuelta a la actividad de empresas y trabajadores, se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2020 un mecanismo de protección de los trabajadores y empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, tanto por fuerza mayor como por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP), que pueda servir de transición hacia un modelo permanente de cara al futuro.
6. La figura del Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha sido clave en la crisis COVID, evitando la destrucción innecesaria de muchos empleos y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo que habría sido difícilmente sustituible de otra forma. Especialmente relevante es el hecho de que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes haya podido ser extendida de forma tan rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española, demostrando un éxito del Diálogo Social en la política laboral de nuestro país. Lo que nos debe servir como importante elemento de análisis para reflexionar acerca de la oportunidad de disponer de instrumentos de flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo.
7. Además, se ha establecido un nuevo mecanismo de protección para los trabajadores autónomos que alivie hasta el 30 de septiembre sus cargas en la vuelta a la actividad y proporcione una prestación mínima para aquéllos que vean imposibilitado el desarrollo de su actividad o registren una caída significativa de ingresos, así como para los trabajadores de temporada.
8. Como complemento de las medidas de reactivación ya adoptadas, el Gobierno pondrá en marcha un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50 millones de euros, orientado a impulsar el crecimiento, a reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pueda ser vulnerable por causa de la pandemia, y a impulsar la demanda interna, como palanca necesaria para reactivar la actividad económica e incrementar el empleo, apoyando las inversiones productivas transformadoras de nuestro tejido empresarial con el fin de abordar en las mejores condiciones los retos derivados de la transición verde, la digitalización, la innovación y la internacionalización.
9. La fortaleza y sostenibilidad de la recuperación económica está directamente ligada a la generación de nuevas oportunidades y empleos en sectores emergentes. Éste es el camino en que se ha de seguir profundizando, poniendo la creación de empleo de calidad en el centro de la recuperación y evitando que el despido sea el principal mecanismo de ajuste ante caídas de actividad o cambios del ciclo económico, con un reparto del coste equitativo entre los distintos agentes.
Las partes firmantes se comprometen a trabajar para los necesarios acuerdos en los foros correspondientes con el fin de acelerar la reactivación económica y la creación de empleo de calidad, y lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible:
– Impulsando la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo derivados de la crisis del COVID 19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis COVID cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.
– Desarrollando mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el COVID-19.
– Estableciendo un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, al objeto de aumentar la productividad de las empresas, mejorando al mismo tiempo la situación de los trabajadores, la conciliación familiar, y la capacidad de adaptación a las demandas de la nueva economía.
– Desarrollando un marco adecuado de contribución compartida para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción, con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica.
– Poniendo en marcha un Pacto por la industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, que diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva, e impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente.
– Impulsando la transición “verde” del conjunto de sectores productivos y la economía circular, apostando por la colaboración público privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos, que contribuyan a la transición ecológica y generen empleo de calidad, con el objetivo de no dejar a nadie atrás en la modernización del país.
– Impulsando la digitalización de la economía, el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular las PYMEs.
– Modernizando las políticas activas de empleo con el fin de reorientar los recursos correspondientes hacia un sistema eficaz de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, y desplegar mecanismos eficientes de alineamiento de la oferta y la demanda en el mercado laboral.
– Apoyando el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, con el fin de reforzar y mejorar nuestro Estado de bienestar.
– Apoyando a los autónomos, tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales.
– Modernizando nuestro marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras.
– Asegurando el reforzamiento de nuestros Servicios Públicos en los distintos niveles de la Administración, especialmente en el servicio sanitario y el sistema de dependencia, así como en el servicio público de empleo, mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.
– Abordando las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo así su poder adquisitivo.
– Impulsando medidas eficaces para aflorar la economía sumergida, luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal.
10.En consecuencia, las partes firmantes acuerdan:
– Reactivar, con carácter inmediato, las mesas de Diálogo Social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo.
– Abordar los compromisos recogidos en este documento en los foros correspondientes, en línea con las demandas de la sociedad, que reclama diálogo y medidas eficaces para salir de esta crisis de manera solidaria y construir un futuro mejor".
