En dicha declaración, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, afirmaba que "las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".
En otra declaración, durante una rueda de prensa, Pablo Iglesias se manifestó con ocasión de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se condena a la diputada regional Isabel Serra.
La Comisión Permanente desea poner de manifiesto que "desde el más abosluto respeto al derecho de libertad de expresión, resulta imprescindible reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y de la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno del Poder Judicial, en su condición de garante de la independencia judicial, "no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles".
"Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo pues el proceder de Juzgados y Tribunales han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad", continua el comunicado.
"Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los Tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas "black"…)", dice el texto.
"También resulta público y notorio de la simple lectura, la sentencia a la que hace referencia el Vicepresidente Segundo del Gobierno, que esta no condena en ningún caso un acto de protesta , sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados", sigue el comunicado.
Por lo "inapropiado" del tono de Pablo Iglesias, el texto continua diciendo que, "el Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional".
Po último, el Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento "a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles".
También recuerda que "la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".
