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Los ciudadanos que se atrevan a quebrantar las restricciones fijadas por el Gobierno de España en el estado de alarma por la expansión del coronavirus que vive el país podrían enfrentarse a una sanción de entre 100 y 600 euros o un año de cárcel por si "se resistiere o desobedeciere gravemente a las autoridades o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
El Ejecutivo se apoya en cuatro preceptos legales para tomar estass medidas. La primera, la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada "ley mordaza", quesanciona con multas de entre 100 y 600 euros a los ciudadanos que retiren "vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguirdad para delimitar perímetros de seguridad". Además, la ley popular eleva la multa a 30 euros si los ciudadanos se resistieran a los agentes de seguridad "o se negaran a identificarse".
El segundo pilar legal es la Ley de Salud Pública de 2011. Esta legislación, también del PP, castiga a los ciudadanos con multas de entre 3.001 euros a 60 a aquellos que cometan actos que pongan en riesgo o "un daño grave" a la población. Esta también aumentaría a 600 euros si "se incumpliera la orden de manera reiterada".
El tercer pilar es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, también de Rajoy. Esta recoge sanciones de entre 1.501 euros a 30 a las infracciones graves por no colaborar y el "incumplimiento de órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos" de la autoridad, así como "de los servicios de vigilancia y protección de empresas públicas y privadas". Esta ascendería a los 600 eyros si supusiera una "especial peligrosidad o transcendencia para la seguridad de personas o bienes".
Por último, el Gobierno se apoya en el artículo 556 del Código Penal. Este recoge que se podrá sancionar con penas de entre tres meses a un año de cárcel a aquellos ciduadanos que desobedezcan "gravemente" a los agentes de la autoridaad.