El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de las libertades sexuales. El texto preliminar, que aún tiene que terminar de redactarse, elimina el término "abuso sexual" del Código Penal y sitúa el consentimiento expreso de la mujer como una manifestación "por actos exteriores, concluyentes e inequívocos". Además, la nueva legislación amparará los casos de violación, mutilación genial, matrimonio forzado o explotación sexual en mujeres a partir de 16 años.
El #CMin promueve un anteproyecto de #LeyLibertadSexual pionero para combatir todas las violencias sexuales.
??Un paquete de medidas concretas para mejorar la prevención y la atención a las víctimas, para garantizar la seguridad y la libertad de las mujeres pic.twitter.com/VVF77EMYuM
— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 3, 2020
La ley, de carácter integral, pone el foco en la prevención. Por lo tanto, el ministerio fomentará la educación sexual basaada en la igualdad y diversidad afectivo-sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado que tiene que haber una “una expresión explícita de la mujer, no necesariamente verbal” para mantener relaciones sexuales. En el caso de que no fuera así, el agresor se enfrentaría a penas de cárcel de entre uno a cuatro años. Además, se penará el acoso callejero, recogido en el texto legal como "acoso puntual".
El Gobierno revalida su compromiso con el feminismo
y reitera su empeño por lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La construcción de una sociedad libre y justa exige erradicar la discriminación y violencia hacia las mujeres.??#8Mhttps://t.co/oVvZrXNedQ pic.twitter.com/Rny8SAEDUQ
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Con esta nueva ley, el Código Penal tendrá que modificarse. Se eliminará el término "abuso" y, para que un acto sea considerado violación, tendrá que producirse la penetración sin consentimiento, sin necesidad de que haya violencia de por medio. Si hubiera un agravante del tipo que fuera, las penas podrían aumentar hasta los 12 años con un agravante o los 15 con dos.
Está en el aire si serán los juzgados de violencia sobre la mujer los que tengan la competencia para decidir sobre estos delitos o serán otros órganos especializados los que juzguen. El Gobierno se da un año.