ESPAÑA | SOCIEDAD: MUERTE DIGNA

El gobierno valenciano da luz verde al anteproyecto de ley de muerte digna

Por IVÁN LEAL RAMOS. 14/07/2017

La Comunidad Valenciana, se suma a Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares y Galicia en legislación sobre la muerte digna.

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Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell y Carmen Montón, consejera de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona, en el proceso de atención final de la vida, también conocida como ley de muerte digna.

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha afirmado tras la aprobación de este anteproyecto, que con este texto normativo ‘’no se habla de eutanasia ni de suicidio, sino de avanzar en los cuidados paliativos para garantizar la dignidad de las personas hasta su muerte’’.

Entre las novedades más importantes que incluye la norma, destacan aspectos como que la ley garantiza el respeto de la persona al final de la vida, dando cumplimiento al desarrollo de sus derechos a través de la ‘’Planificación Anticipada de Decisiones’’.

Este documento posibilita, según la Generalitat, ‘’la planificación de la atención futura de forma conjunta con el personal que atiende de forma habitual al paciente mediante un proceso voluntario y progresivo de comunicación y deliberación’’. De este proceso serán partícipes familiares o representantes designados por el paciente y quedará recogido en la historia clínica.

Esta norma ha sido el resultado de un proceso de participación, puesto en marcha con una veintena de expertos, como la filósofa Adela Cortina, y de ciudadanos que han podido realizar sus aportaciones a través de una página web.

Otra de las novedades de la ley, es que contempla tanto el derecho a recibir cuidados paliativos, cómo y dónde recibirlos-el domicilio, un hospital, centros u otros- ‘’siempre que lo permita la situación clínica y de cuidados’’.

Con esta ley de muerte digna, la Comunidad Valenciana se suma a las otras seis comunidades que ya han legislado sobre esta materia desde 2010: Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares y Galicia.

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