El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se celebró ayer en Madrid con los ánimos muy caldeados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a los consejeros de esta materia que el Gobierno no devolverá los 2.500 millones de euros que debe a las comunidades autónomas desde diciembre de 2017. Sin embargo, les propuso reducir la previsión del déficit dos décimas para evitar tensiones en los gobiernos autonómicos.
???El CPFF aprueba el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas para 2020 y senda 2021-2023.
Más información aquí. ?? https://t.co/OxuhcJYYvx pic.twitter.com/KGtO2jFcyb— Ministerio de Hacienda (@Haciendagob) February 7, 2020
Esta decisión no ha convencido a las comunidades autónomas, que no quieren aumentar aún más la deuda que arrastran desde el comienzo de la crisis, una decisión unánime que comparten consejeros del PP y del PSOE. Esta decisión era un secreto a voces: la propia ministra venía advirtiendo que era casi imposible devolver el IVA porque ya han transcurrido dos años y se había cumplido el límite legal para hacerlo.
La ministra ha asegurado que La Moncloa no puede dar ese dinero que debe a las comunidades autónomas porque, en ese caso, podrían gastar dos veces la cantidad que le corresponde a cada autonomía. Montero ha criticado que los gobiernos autonómicos gastaran ese dinero cuando no sabían si el Gobierno podría dárselo. Incluso ha criticado a los partidos políticos por no apoyar los Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE), decisión que hizo que esta deuda gubernamental decayera.
Previsiones
Montero ha situado que, en 2022, la estabilidad presupuestaria de las comunidades se quedaría en el 0%. Este año, el Gobierno ha fijado el déficit en un 0,2%; en 2021, en un 0,1%; y en 2022, en un 0%. Así, la deuda pública del conjunto de las comunidades autonómas pasaría a ser del 23,4% en 2020 al 22,8 en 2021; al 22,1% en 2022; y al 21,4% en 2023.
Hacienda tensa la cuerda con las autonomías
La labor de Montero al frente del Ministerio de Hacienda ha contado con muchos apoyos y también muchos detractores. La andaluza ha recibido el halago de voces muy diferentes de la política española, pero esta decisión provocará que La Moncloa tenga una relación algo más tensa con todas las comunidades, una realidad que no beneficia a las políticas fiscales activas por el “no acuerdo” entre Madrid y las capitales autonómicas.