Las inundaciones causadas por la gota fría, DANA, se están traduciendo en unas cifras realmente alarmantes para las zonas de Valencia y Murcia. La Generalitat Valenciana ha valorado en unos 1.500 millones de euros los daños causados por las inundaciones en la Vega Baja, mientras que el Gobierno regional de Murcia ha lanzado unas estimaciones que hablan de más de 400 millones de euros. Esto, sumado a la evacuación de más de 3.500 personas y un total de 5 víctimas mortales, ha hecho que los eventos de septiembre se cataloguen como catastróficos.
A consecuencia de lo sucedido, la población ha empezado a encontrar culpables y a señalar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como una de las responsables de muchos de los daños concentrados en la comarca de la Vega Baja. Los agricultores han acusado al Ministerio de dejadez, señalando que gran parte de los problemas causados en muchas plantaciones se han debido a la falta de limpieza del cauce por no realizar las labores de mantenimiento correspondientes. Las quejas se disparan y las personas buscan una necesaria compensación por los daños sufridos.
Mientras sigue el debate sobre el destino de las partidas hechas por los agricultores para pagar el canon de regulación, la falta de capital para efectuar las tareas que habrían reducido los daños y la formalización de las querellas pertinentes, gran parte de la población afectada está intentando reclamar a la administración con el fin de recibir alguna compensación por los problemas, apoyándose en el concepto de responsabilidad patrimonial.
¿Hacia dónde se dirigen las reclamaciones?
ACAL ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA S.L. es, actualmente, uno de los mejores equipos legales que están ofreciendo sus servicios para estos casos actualmente. Gracias a la información concedida por este grupo de profesionales, especializados en el asesoramiento ante situaciones de este tipo, es fácil saber cómo proceder y hacia dónde dirigir las quejas para reclamar por la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En este caso concreto, tal y como ya han comenzado a hacer muchos agricultores profesionales afectados por el descontrol del Segura y los efectos de DANA, las reclamaciones han comenzado a tener como objetivo a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera. Ambos organismos son los que deben responder ante la situación, tal y como dictan las leyes actuales para casos como este.
¿Puedo acogerme realmente a la responsabilidad patrimonial?
Aunque se pueda pensar que este es un caso de fuerza mayor y que, por lo tanto, quede fuera de la obligación de la administración responder por los daños, muchas voces señalan que la situación responde realmente al concepto de anormal, tal y como se define en la Ley 39/2015. Es decir, fruto de un elemento de culpabilidad o negligencia, o, en caso de demostrarse, por la existencia de alguna ilegalidad en la administración.
Además de eso, según dicta el artículo 106.2 CE, los particulares tienen derecho a una indemnización por cualquier lesión sufrida tanto en sus bienes como en sus derechos, siempre que esta se deba al funcionamiento de los servicios públicos y no se enmarque dentro de un caso de fuerza mayor. Una parte del texto legal que encaja por completo con lo que está sucediendo entre el sector agrariaro y la Confederación Hidrográfica actualmente.
Los agricultores han puesto en tela de juicio la transparencia de la CHS, ya que rechazan frontalmente el argumento que esta esgrime. Según han revelado, llevan años pagando el canon de regulación impuesto para el mantenimiento del río, y este estaba lleno de cañas y otros elementos que han impedido un desagüe normal.
Su justificación parte de la reciente denuncia interpuesta a la Confederación por haber invertido un total de cero euros en la limpieza del río debido a una falta de disponibilidad presupuestaria, mientras que ha hecho una inversión de más de 6 millones de euros en la presidencia y la secretaría general. Esta demanda ha crispado la situación entre los trabajadores del campo, y su resolución puede ser la clave para la resolución de todas las reclamaciones que se siguen realizando.
Los profesionales, al servicio de quienes quieran reclamar
Los devastadores efectos de la gota fría y las demandas que han empezado a salir a la luz, acusando a la administración pública de negligencia, han hecho que se disparen las reclamaciones que se acogen a la responsabilidad patrimonial de la Administración, como se ha explicado previamente.
Aunque el organismo al que reclamar parece quedar claro, al igual que los motivos, muchos equipos de expertos aconsejan acudir a sus servicios para ofrecer el asesoramiento adecuado y conseguir que la reclamación llegue a buen puerto. Grupos como Acal, firma especializada en el asesoramiento jurídico, económico y estratégico dentro del sector público, están ofreciendo su experiencia y profesionalidad en la materia para la tranquilidad de los consumidores.
Los más afectados por los daños causados por la brutal subida de nivel del Segura tienen la oportunidad de alzar su voz y exigir una compensación por los daños sufridos, sobre todo si el caso contra CHS sigue evolucionando favorablemente para la parte demandante.
