ESPAÑA | PARTIDO POPULAR

la Ley de Segunda Oportunidad data del Gobierno de Mariano Rajoy

Por MIGUEL DONCEL. 14/07/2019

La Ley de Segunda Oportunidad era anunciada por Soraya Saez de Santamaría en el Congreso de los diputados en el año 2015, por eso su entrada en vigor ha hecho despertar en la memoria de muchos.

2015
Mariano Rajoy
Santamaría
Partido Popular
Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad data de 2015, cuando gobernaba Rajoy.

Fue el 27 de febrero de 2015 cuando se daba la noticia. El Consejo de Ministros aprobaba las leyes de tasas y segunda oportunidad, además de aumentar los vocales del Poder Judicial con dedicaciónn exclusiva. Eran iniciativas que avanzaba en aquellos momentos el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el debate sobre el estado de la nación. 

También se aprobaba la extensión de los cheques familiares a las familias monoparentales, la exencion de los primeros 500 euros para nuevos contratos indefinidos, la bonificación del 100% en su cotización a la Seguridad Social para autónomos que quieran conciliar y la reducción de 30 a 25 en el número de peonadas necesarias para cobrar el subsidio. 

SANTAMARÍA ANUNCIABA LA LEY A MODO DE RECTIFICACIÓN

Eso sí, se trata de una revisión de las tasas judiciales, en su proyecto de ley, hace que estuvieran recurridas ante el Tribunal Constitucional para volver a como estaban antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno. Así, se proclamaba como una de las rectificaciones más evidentes del Ejecutivo en este legislatura

La Ley de Segunda Oportunidad es reforzada por el Supremo

Pero ahora, una sentencia del Supremo acaba de reforzar la llamada Ley de Segunda Oportunidad, ampliando la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. La Ley, publicada en el BOE, se vendió como un instrumento inspirado en las sociedades anglosajonas, donde se permite empezar de cero a las personas físicas incapaces de afrontar sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos.

Sin embargo, la legislación española dejaba fuera de posible exoneración los créditos de derecho público —contraídos con la administración—, así como los créditos por alimentos contraídos tras un divorcio. La primera de estas excepciones, denunciaron entonces varios fiscalistas, convertían la iniciativa en poco más que papel mojado para la mayoría de las familias arruinadas.

 











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