Campaña electoral: la rebelión de los buzones

Aunque en muchos casos lo desconoce, la ciudadanía puede ejercer su derecho a evitar el bombardeo constante de propaganda por parte de los partidos políticos
Alberto Castilla
España
22.03.2019
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Tarde, pero lo he hecho. Los comicios del 28A serán los últimos. Me he borrado. He solicitado mi exclusión de las copias del censo electoral que se entregan a los partidos políticos. Mi buzón ya no volverá a estar atiborrado de papeles con caretos sonrientes que me ofrecen el paraíso. Nunca más. Por una vez, y sin que sirva de precedente, Twitter ha servido para algo útil. La persona que se esconde bajo el pseudónimo @alemanita nos puso sobre la pista hace unos días. Eterna gratitud.

Se trata de un proceso muy asequible para aquellas personas familiarizadas con el uso de medios tecnológicos. Eso sí, es requisito indispensable solicitar una clave para poder ejecutar la firma electrónica o ser titular de un certificado digital. La obtención de este último carece de complejidad, solo hay que seguir los pasos indicados en el portal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y dispondremos de una herramienta muy útil para relacionarnos de forma telemática con las distintas administraciones.

Una vez superado este trámite, tan solo hay que rellenar un sencillo formulario, y proceder a la descarga del justificante, en el que aparecerá reflejada la estimación de la solicitud: “Examinada su solicitud de exclusión de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral, se le comunica que la misma ha sido estimada y tendrá efecto permanente mientras no se manifieste en sentido contrario”. Por tanto, la decisión no es definitiva. Aquellos que se arrepientan pueden dar marcha atrás y revertir la situación siguiendo los mismos cauces.

Con esta medida, tan solo se renuncia a la recepción postal de propaganda electoral que, además de la molestia de estar permanentemente reciclando papel durante la campaña, supone en su conjunto un mordisco de unos cincuenta millones de euros a las arcas públicas. El derecho a depositar el voto en la urna seguirá intacto. Allá cada cual con su conciencia.

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