Todos los meses el INEM publica las cifras de Empleo. Poco a poco, en un proceso muy lento, los devastadores efectos de la crisis de 2008 se desinflan. El último mes de febrero las listas del paro descendieron. Exactamente, 9.355 personas dejaron de figurar como demandantes de trabajo. Con todo, España sigue soportando una losa muy pesada. La carga tiene una cifra dramática para un país que considera encontrarse en la punta de lanza de la modernidad tecnológica, social y política. Trata de convencerse día a día, con los datos que se observan en el escaparte, que ya ha superado la crisis y que ha subido a otra gran ola que lleva camino de surfear por la senda de una nueva fase de crecimiento económico. Todos los mensajes y los datos que se publican apuntan en ese sentido. ¿Está realmente el país en una situación tan próspera? ¿Qué dicen los datos sin las alharacas del mensaje oficial?

Las estadísticas que no interesan destacar dibujan un país que soporta un gran tapón: el de los parados, estén o no en las listas oficiales. Cobren o no prestaciones. Busquen o no empleo. Oficialmente en la piel de toro hay 3.750.876 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. Según la EPA, el número de parados en España en el cuarto trimestre de 2016 engrosaba una fila todavía más poblada, en la que figuran 4.237.800 parados, tantos como la población de Madrid. Según los registros de la EPA supone el 18,63% de la población activa. El último informe del SEPE señalaba a las comunidades de Andalucía y Madrid como las que han aportado más parados al sistema de prestaciones en febrero. En un país de 45.982.704 millones de personas sólo 17.748.255 ciudadanos tienen trabajo en este momento.

El informe del SEPE de febrero destacó que «el número de contratos registrados durante el mes fue de 1.452.528, la cifra más alta de la serie histórica en un mes de febrero. Supone una subida de 75.048 (5,45%) respecto al mismo mes del año 2016. En febrero de 2017 se han registrado 151.072 contratos de trabajo con carácter indefinido. Representan el 10,40% de todos los contratos. Supone un incremento de 11.708 contratos (un 8,40%) sobre el mismo mes del año anterior».

El regreso al trabajo ha sido muy amargo porque los que lo perdieron durante la crisis y lo han vuelto a encontrar, años o meses más tarde, han recuperado un puesto, una ocupación, pero no una vida digna. La mayoría de ellos, sólo han encontrado una salida laboral pírrica, para salir del paso. Para ir tirando. Casi siempre los nuevos contratos que se firman se hacen en condiciones muy desfavorables si los nuevos ocupados pueden comparar la situación actual con la que han disfrutado durante años. “El gran bocado que ha padecido el empleo lo han notado aquellos que habiéndolo perdido, al volver, se han encontrado con un trabajo en el que han tenido que aceptar, sin otro consuelo, sueldos mucho más bajos. En el sector del metal, por ejemplo, el recorte a los trabajadores (como los mecánicos, electromecánicos, soldadores, …) ha sido muy grande. Ahora cobran entre 500 y 600 euros menos. En algunos casos se están dando situaciones de trabajadores que perciben salarios por debajo incluso de lo que cobraban en el paro”, explica Enrique Negueruela, técnico de empleo y ex asesor del Consejero de Empleo de la Xunta de Galicia, Ricardo Varela, durante el gobierno bipartito.

Pero, ¿qué hay detrás de la verdad oficial? ¿Presentan toda la realidad o sólo la parte más positiva de esa realidad? ¿Es tan sustanciosa la recuperación económica? Enrique Negueruela sostiene que «mientras el gobierno de Rajoy no alcance el volumen de trabajo que había en 2011 no se podrá hablar de recuperación real». En su opinión la reforma laboral ha causado un roto en el mapa del empleo que ha llevado por delante la estabilidad y los derechos de los trabajadores. “Ha sido como coger un árbol cargado de fruta y empezar a darle patadas. Y ahí cayó todo. La fruta madura y la que no estaba. A partir de ahí, después de ese proceso ha habido mucha prisa por hablar de recuperación. Pero la realidad es que se han tirado las tres cuartas partes del árbol con la reforma laboral”, destaca este estudioso del empleo en España.

Para medir realmente la recuperación que ha habido en materia de empleo hay un dato objetivo que refleja el verdadero estado de la situación. Según Negueruela, no hay que fijarse en el número de ocupados, que es el dato que exponen las estadísticas mes a mes, sino el número de horas trabajadas porque esas son las que sí marcan la productividad de un país. Negueruela establece la siguiente comparación basándose en los registros del Eurostat. «No se puede decir que con la reforma laboral haya más trabajo. Porque lo que hay de verdad es una pérdida enorme de horas de trabajo. Por tanto, no se puede afirmar que en España se crea más empleo que en Europa. Durante su período de aplicación, es decir, los cinco últimos años, se han perdido 237 millones de horas laborales cada trimestre, el 3,4% de las horas de trabajo que había, siendo el antepenúltimo Estado de la Unión Europea en cuanto a creación de trabajo (sólo superado por Chipre y Grecia). El diferencial existente con la Unión es de 5,9 puntos. Mientras, en la UE se creó trabajo a un ritmo del 2,5% aquí se destruyó al 3,4%», compara Negueruela observando pormenorizadamente las cifras oficiales. En opinión del experto en empleo, el Gobierno no explica que cuando se crea trabajo en nuestro país, el que se crea, es mayoritariamente precario. Los empresarios ofrecen contratos por horas, pero no están absorbiendo el empleo en las condiciones que había antes de la crisis. “Las horas de trabajo de un país vuelven a ser una vez más el indicador en el que hay que pararse a reflexionar. Porque la realidad es que tras la crisis y la reforma laboral se ha troceado el trabajo. Es decir, en donde antes había 4 o 5 personas que hacían jornadas semanales de trabajo de 40 horas, ahora puede haber diez personas empleadas, pero sólo trabajan 10 horas semanales cada una. Por tanto, ha aumentado el empleo, sí, pero a cambio de haber perdido un montón de horas productivas. Ese es el truco que se está dando en nuestros país”, revela.

Otro dato importante para conocer la foto fija del empleo en España y saber el impacto y las consecuencias que ha causado verdaderamente la reforma laboral de 2012, se puede analizar desde el plano de las rentas totales que declaran las personas activas, y que son las que han logrado sobrevivir a la crisis. «La Reforma Laboral ha modificado la distribución del valor añadido», confiesa Negueruela. «Mientras la remuneración de los asalariados ha disminuido en 12.300 millones de euros, un 2,3%, el excedente empresarial aumenta en 17.500 millones, es decir, un 3,9%. Este aumento llegaría hasta los 26.500 millones de euros si se le añaden las subvenciones a la producción, aumentando del 3,9% hasta el 5,9%. Este trasvase de rentas de salarios a excedentes empresariales no se produce en el conjunto de la Unión Europea ni en la Zona Euro donde el crecimiento de los salarios es superior al excedente empresarial. La valoración de este trasvase de rentas se puede estimar en algo más de quince mil millones de euros, que son los que han perdido los asalariados», calcula el ex asesor de empleo de la Xunta de Galicia.

La pérdida en masa salarial total es una consecuencia de los nuevos contratos que se realizan a partir de la reforma laboral. «La pérdida de trabajo es equivalente a casi 600 mil puestos a tiempo completo. En 2016 se han trabajado 22,4 millones de horas menos a la semana que en 2011, un 3,3% de disminución, el equivalente a 598 mil puestos de trabajo a 37,5 horas. Los asalariados han trabajado 15,7 millones de horas semanales menos, lo que equivale a unos 418 mil puestos a jornada completa. Esa pérdida se ha sufrido prácticamente en empleos fijos. Por cada hora de pérdida de empleo temporal se han perdido 304 horas estables», destaca Enrique Negueruela.

Respecto al futuro más próximo en materia laboral, el Banco de España ha emitido un pronóstico poco halagüeño. Los técnicos creen que el país creará empleo durante el 2017 y el 2018 aunque en ese escenario positivo observa que ese empleo será precario y mal pagado. “La moderación salarial seguirá”, aseguró Pablo Hernández de Cos, director general de Economía y Estadística del Banco de España. En ese sentido, ahondó en esa reflexión asegurando que “la moderación salarial no permite mejoras de la competitividad", vaticina el experto del Banco de España.

Por tanto, la fotografía real tras la crisis y la reforma laboral, para los que consiguen encontrar dónde colocarse de nuevo, es un empleo de peor calidad, menos retribuido e inestable. La situación que más se repite, en un 92,5% de los contratos nuevos que se firman, corresponde con el perfil de un trabajador joven que consigue empleo temporal y que va encadenando contrato tras contrato. Todos ellos precarios. La duración media de la relación laboral en España es de tan sólo 54 días.

La eficacia del INEM, o de los servicios de contratación, para recolocar a los parados es nula. Apenas se encuentra trabajo por esta vía porque el colapso en estas oficinas es enorme. Además, a la competencia de los ocupantes de las filas del paro hay que añadir la competencia de los que ya están trabajando y buscan otro empleo mejor. Son ya tres millones de personas los que se dedican activamente al trabajo de buscar empleo mientras trabajan, en porcentaje representa el 16% de los ocupados. Pero muchos de esos trabajadores no buscan trabajo para cambiar de empleo sino para compatibilizarlo con otro, porque el salario de uno no les llega para cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, la tasa española es también la más alta de Europa. En los últimos tres años en la eurozona la media por este concepto es de un 9%, un siete por ciento menos que en España. Los belgas, austríacos, noruegos, franceses y alemanes, por este orden, son los que menos necesitan cambiar de trabajo o compatibilizar su empleo con otro.

La precarización de la contratación ha dado paso al incremento del fraude laboral

La alta inestabilidad en el empleo da origen a los abusos en la contratación. Al fraude. Entre los fraudes que se cometen en este momento en las empresas, y por las que está llegando más litigiosidad social a los juzgados, se lleva la palma el abuso en la contratación laboral temporal abusiva. Un fenómeno que ha acrecentado en España debido a que el único trabajo nuevo que tira de la demanda de empleo es aquél que tiene que ver con el turismo, la hostelería y también otros trabajos relacionados con la agricultura para la que es necesaria la contratación por temporadas de jornaleros. Son los llamados trabajos estacionales.

Para saber más sobre las consecuencias jurídicas de la reforma laboral consultamos a un abogado experto en la materia como Matías Movilla, abogado laboralista en Vigo y profesor asociado del Área del Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Vigo. “A golpe de escuchar estadísticas del tipo, el 93% de los contratos que se firman en este país son contratos temporales y sólo el 7% son indefinidos, no se dice que esos indefinidos son contratos a tiempo parcial. Esa abusiva contratación atípica, provoca una incertidumbre en el trabajador: “me renovarán, no me renovarán, me harán un nuevo contrato, me finaliza ahora el contrato o qué pasará el mes que viene”. Hace que el trabajador entre en una situación de dependencia absoluta con respecto a la empresa, lo que le da mayor inseguridad a la hora de poder reclamar sus derechos", subraya el abogado vigués Matías Movilla que ha presenciado numerosos casos de este tipo entre los clientes que acuden a su despacho, uno de los más prestigiosos en Galicia. La conclusión de la reforma laboral para Matías Movilla se puede resumir en que el resultado es “un incremento en la desproporción muy significativo”.

El pasado 17 de octubre de 2016 se celebró una reunión tripartita con la ministra de Empleo y Seguridad Social a la que acudieron también los secretarios generales de CCOO y UGT y los presidentes de la CEOE y de la CEPYME. En dicha reunión se acordó que se constituyera un grupo de expertos, propuestos a iniciativa de cada una de las partes, con la finalidad de que se estudiara el alcance de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 y 29 de septiembre de 2016, que se pronunció acerca de la contratación de trabajadores interinos. Se elaboró, en dicha reunión, una propuesta que permitiera tomar decisiones sobre este asunto bajo una negociación tripartita en el ámbito del diálogo. Este grupo de expertos concluyó que es necesario mantener la contratación laboral de duración determinada. También acordaron el rechazo del llamado "contrato único" de trabajo. Los miembros de la comisión tripartita coincidieron en fijar un objetivo para limitar, a sus justas proporciones, la utilización de la contratación temporal y evitar, y en su caso sancionar, las actuaciones abusivas y fraudulentas. A tal efecto, y centrándose en los problemas que plantea en la práctica el contrato de interinidad, especialmente en el sector público, consideraron que debe mejorarse su regulación y los mecanismos de lucha contra el fraude para frenar y eliminar su utilización abusiva. El Grupo entiende que la duración máxima del contrato de interinidad debe ser fijada en el marco del diálogo social, atendiendo a los valores y bienes jurídicos implicados.

El abogado, en una entrevista a Columna Cero, explica que las prácticas abusivas de contratación temporal no sólo se dan en la pequeña empresa, sino que se dan también en las compañías más grandes. “Grandísimas empresas de nuestro país. Por ejemplo. En Citröen desde el año 2001 no se hacen contratos de 8 horas. Todos son los existentes. Son contratos de 4 horas ampliables a 6 horas o contratos de 6 horas ampliables a 8. Por lo tanto, esos empleados tienen una base de retribución insuficiente para poder mantener sus gastos personales y familiares. Estás sometido a que la empresa te incremente o no el número de horas complementarias para tener un salario digno. Al mismo tiempo te obliga a que vayas a trabajar los sábados y domingos porque, si no te sometes a estos criterios organizativos de la empresa, no te ampliarán más la jornada.

Esta es una situación de absoluta semiesclavitud que los trabajadores están sufriendo en las grandes empresa. Se decía que era la aristocracia del proletariado y ahora va camino de convertirse en el nuevo precarizado. Es decir, hoy la palabra que debemos utilizar en el mundo laboral, es la del precarizado. Contrato de trabajo es aquél, según los datos que vamos conociendo a través de organizaciones sociales como Cáritas u otras organizaciones neoreligiosas, en el que la gente tiene trabajo sí, pero sigue en la pobreza. O sea, se trabaja pero los ingresos que perciben por esa prestación de servicios no es suficiente para las necesidades vitales”, asegura Matías Movilla.

El panorama que el Banco de España espera para los dos próximos años, como se ha apuntado más arriba en este reportaje, no se aleja de la situación que ya se está viviendo ahora. Los abogados laboralistas tienen sobre la mesa miles de demandas que lo demuestran. La calidad en el empleo lleva una dirección inequívoca en nuestro país. Cada vez es peor, más inestable, más precaria, menos retribuida. Pero las estadísticas, la de la verdad oficial, reflejan otra verdad. Matías Movilla explica que verdaderamente las cosas no son como parecen ni como se están presentando oficialmente a través de los medios de comunicación. Para conocer esa otra realidad que hay ahora en el mercado de trabajo, hay que profundizar en las nuevas raíces, según señala el abogado laboralista, y desde ese análisis profundo sacar las claves de lo que está ocurriendo con el empleo. La reforma laboral de 10 de febrero de 2012, que se consagró bajo el título «Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», fue publicada mediante Real Decreto Ley con el número 3/2012 ha causado "un incremento de la desprotección de los derechos de los trabajadores". Los cambios introducidos en la reforma laboral “son muy significativos”, subraya el letrado.

La reforma laboral que ha empoderado a la empresa y desprotegidos a los trabajadores, según los expertos en materia laboral

Han pasado cinco años desde su aprobación y ya hay más elementos de juicio para el análisis con los que poder sacar las conclusiones sobre su impacto en el mercado laboral. Para los expertos, la reforma laboral ha provocado cambios muy evidentes en el tejido social y el empleo. El dato que más se ha resaltado en los titulares de los medios de comunicación es la considerable rebaja de la indemnización por año trabajado.

“Ese dato ha sido lo más evidente. La rebaja de las indemnizaciones de 45 a 33 días en el despido es lo que más conoce la gente. Pero hay otras cuestiones destacables. Por ejemplo, en la reforma laboral actual no se ha recuperado la nulidad del despido acausal, es decir, la fórmula del te despido porque sí. Esta situación ya desapareció en los años 90”, recuerda Matías Movilla. “El despido acausal, anteriormente, era nulo y se obligaba al infractor a la readmisión. Pero desde el año 94 ha sido suprimido”, explica. Estos cambios comenzaron a ser un indicador de que la calidad en el empleo comenzaba a perder peso. Y con el paso del tiempo no se ha fortalecido la contratación de los trabajadores, al contrario. Las distintas leyes han despojado a los trabajadores de la fortaleza y la importancia de suscribir un contrato de trabajo.

Ahora un trabajador es más vulnerable que antes de la reforma del 2012. Pero la reforma también ha golpeado sibilinamente a los trabajadores que actualmente trabajan y que se consideran fijos en una empresa. Porque la ley ha dado más poder a las empresas para protegerse ante los trabajadores. “Ha habido una flexibilización en lo que es el devenir del contrato de trabajo que ha empoderado de manera significativa al empresario”, advierte Movilla. El abogado, en base a la experiencia de los casos que ha tenido que llevar a los juzgados en los últimos años, concluye que “se ha dejado al trabajador en una situación mucho más inestable que antes. Y esta es una conclusión sólo con relación a la modificación de la ley. La reforma laboral también ha posibilitado una serie de modificaciones de las condiciones de trabajo como la rebaja en el sueldo o los descuelgues salariales por causas objetivas que afectan al propio salario. Eso no se daba antes”, denuncia.

Otros derechos que se han visto notablemente afectados en los contratos de trabajo, que incluso estaban suscritos cuando se aprobó la ley de reforma laboral de 2012, trascienden más allá del día a día en el trabajo. “Por ejemplo, ahora se pueden variar las condiciones geográficas del trabajador u otras específicas de las condiciones laborales. Todas estas modificaciones han venido a establecer un ámbito de desprotección general del trabajador. Además, esta situación de desprotección se ha agravado porque el trabajador se encuentra en un estado temeroso ante la pérdida de su empleo. ¿Qué consecuencia se da cuando el trabajador se encuentra en este estado? Que soporta mucho más las flagrantes y manifiestas ilegalidades sin reclamar”, indica el letrado laboralista. Por tanto, la ley ha dado mayores ventajas a los empresarios que se han encontrado con una ley que “permite una mayor flexibilización para poder variar las condiciones de trabajo de sus trabajadores”.

La reforma laboral incrementó "efectos perversos" causando inseguridad jurídica en los trabajadores que acudían a los juzgados y que el paso del tiempo ha ido matizandoe

Esta flexibilización también causa inseguridad jurídica, ya que los tribunales sociales desde 2012 se han convertido en una auténtica lotería o cuando menos una caja de sorpresas. “Hablar de inseguridad jurídica es muy difícil de explicar al ciudadano. Porque no se trata de inseguridad jurídica como se puede percibir en la calle, sino de independencia del poder judicial. El juez tiene armas para poder determinar la conclusión en un fallo, independientemente cual es su criterio en un determinado supuesto. También hay que pensar que no todos los supuestos son iguales y se puede justificar una toma de posición u otra diferente, en casos similares. Lo que ocurre es que es cierto que hay un exceso de discrepancia judicial en una misma plaza, en donde los jueces deberían ponerse de acuerdo en términos similares”. Esta es la principal causa que conduce a las sorpresas en los tribunales ya que un mismo caso puede ser considerado por una sala en un sentido favorable y en el juzgado de al lado significarse en sentido contrario, pese a repetirse las circunstancias.

Esta sensación en la que las demandas presentadas en los juzgados sociales se convertían en una papeleta quinielística se va matizando en los últimos meses, aunque ha sido una consecuencia directa de la reforma laboral. La reforma dio lugar en un primer momento a dar luz verde a efectos ideológicos “perversos”, en opinión de Matías Movilla. Dichos efectos estaban en el espíritu de la ley aprobada. “Poco a poco se están matizando. La reforma se ha planteado desde un absoluto neoliberalismo, en el que el empoderamiento del empresario es brutal. Las sentencia judiciales se han ido matizando poco a poco, aunque hay que reconocer que a veces han tardado demasiado tiempo. Los jueces, en los últimos meses, han intentado mitigar los excesos”, reconoce.

¿Qué dicen los tribunales europeos sobre la contratación temporal?

Entonces, ¿a qué espera la justicia para poner en orden el guirigay de la reforma laboral y el abuso de la contratación temporal? España está a la espera de las directrices de los jueces europeos. Parece que puede haber una señal clara, pero en aras a no contribuir a una mayor inseguridad jurídica, más de la que ya hay, el país está “a la espera de una nueva sentencia que matice todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre este tema. Esa sentencia tiene que venir de Europa. Todo el mundo está pendiente de esa decisión. Tiene que haber una modificación legal, en donde tendrá que abordarse de forma seria la contratación temporal y en la que tendrá que sancionarse de manera efectiva la abusiva contratación temporal”, vislumbra el especialista en derecho del trabajo. Aunque, el cambio, no se puede producir de golpe o al menos en todos los casos ya que Movilla recuerda que “en España no se puede suprimir la contratación temporal Vigo señala que “es necesario más I+D, invertir en empresas de las nuevas tecnologías, creación de starups, … Y no sólo no podremos dejar la agricultura porque, obviamente, es una fuente de riqueza y de fijación de la población en el territorio y así se justifica el contrato temporal, ya que se comprende la estacionalidad. Por eso no hay que demonizar el contrato temporal en sí. No es malo en sí mismo, pero lo que no se puede hacer es utilizar la temporalidad para realizar actividades que son claramente estructurales, fijas y permanentes en muchos sectores industriales, incluso del sector primario, o en las empresas públicas”, zanja el abogado.

La aclaración por parte del tribunal europeo también se espera como agua de mayo entre el personal contratado por las instituciones públicas, ya que también es muy numerosa la casuística y abundante el fraude, lo que ha obligado a abrir “una vía excesivamente jurisprudencial. Por tanto, es una situación que hay que aclarar para que no se convierta en una nueva avalancha de demandas que obligue a los trabajadores a tener que demandar y por otro lado que no llegue a colapsar los juzgados por cientos o miles de casos”. En este caso, al menos, la sanción por el abuso puede tener otro tipo de reconocimiento ya que “el gran cambio que se da en la jurisdicción contenciosa es la posibilidad de que la sanción por incumplimiento, es decir, cuando la empresa utiliza la contratación temporal, la sanción sea igual que en lo laboral: la indefinidad. Por tanto, el contrato temporal cuando no es real, es decir se constata que no tiene causa de temporalidad, la relación laboral que existe tiene que materializare con un contrato indefinido”, aclara.

La depuración por jubilación anticipada de los jueces más sensibles con los trabajadores, otra cara de la reforma laboral

El abuso que permitía la nueva ley con la última reforma, según Matías Movilla, ha corrompido el espíritu con el que la Constitución protegía los intereses de los trabajadores. “Muchos de esos excesos rompen el andamiaje jurídico y constitucional de nuestro país. Se ha ido más allá. Ahora, la judicatura ha puesto un cierto paraguas. Tanto es así, que desde el gobierno se han adoptado medidas para eliminar vegetativamente a magistrados que eran de una tendencia progresista en órganos muy importantes, tanto tribunales superiores como Tribunal Supremo, obligándoles a jubilarse obligatoriamente para así promover la salida de un gran número de jueces que estaban frenando los efectos perversos de la reforma laboral”, denuncia el abogado vigués. “Hay una decisión del gobierno, patrocinada por Fátima Báñez, como promotora desde el ministerio de Trabajo, para cargarse determinadas cúpulas judiciales para que no se hagan interpretaciones no acordes con el espíritu de la reforma laboral”, explica Matías Movilla. Sobre este punto, añade que “el pretorialismo es algo que viene marcado desde el siglo pasado. El reforzamiento del ejecutivo sobre el resto de los poderes es una obviedad. Es uno de los fallos de nuestro sistema político actual. En el que se pierde independencia del poder judicial porque hay una clara intromisión del ejecutivo. Y el legislativo está anulado desde hace muchos años, porque se legisla a base de decreto ley”, comenta. Con estos decretos leyes se aprueban normas de supuesto carácter urgente, que se ratifican en las Cortes. El matiz de estos decretos aprobados recientemente en materia laboral, por ejemplo, es que han llegado en etapas de “mayoría absoluta, en donde los diputados aprietan el botón, pero no hay actividad legislativa real porque la función de legislar la está haciendo exclusivamente el Gobierno. En ese sentido, el reforzamiento del ejecutivo es peligroso para la salud de la democracia”, concluye el letrado.

Trabajar por un dinero que no se cobra, un abuso laboral que se extiende y que se lleva en silencio

Para poner un ejemplo de lo que esta sucediendo en algunas empresas en la actualidad sin que llegue a denunciarse la situación nos exponen un ejemplo bastante común. “Se están firmando nóminas por importes superiores a los que realmente se cobran. Es más frecuente de lo que se cree ver trabajadores que tienen nóminas por 1000 euros, pero de las que se cobra únicamente 700 euros. Y los trabajadores las están firmando igual. Son situaciones que se están dando con una relativa y sorprendente facilidad. El trabajador no reclama por temor a perder incluso esos 700 euros que le dan, cuando debería estar percibiendo los 1000 euros por su trabajo. Pero además la situación es mucho más irregular porque se supone que la empresa, que está haciendo estas prácticas abusivas, está desgravando por los 1000 euros además de las cotizaciones correspondientes a los 1000 euros de esa nómina, por lo tanto, está obteniendo unos beneficios mayores que si hubiese abonado la nómina que tendría que pagar y por la que está declarando ante organismos oficiales. Un modelo que se ha trasladado a algunas empresas”, explica Matías Movilla.

Enrique Negueruela coincide con Matías Movilla en este asunto. Su experiencia como técnico de una oficina de empleo le permite cuantificar cómo ha repercutido el descenso de los salarios. “En estos momentos -explica Negueruela– si comparamos el 2011 con el 2016, el excedente de explotación es un 5,25% más del que había y que se totaliza en 23 millones de euros más y la remuneración de los asalariados ha caído un 0,91% que se traduce en en 5 millones de euros menos. Ese es el resultado de la reforma laboral. Se produce más con menos salarios. Y el incremento del PIB es un 4%, respecto al 2011. En resumen, hay menos rentas salariales, pero más rentas empresariales”.

Según Negueruela la aprobación de la reforma laboral pretendía causar un cambio de efecto, que pusiese el acento en la distribución de las rentas. Tras cinco años, la radiografía ha permitido una sangría salarial y una redistribución de la riqueza. “Ya sabemos que con la última reforma laboral fundamentalmente se han bajado los salarios. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿A dónde va a parar la riqueza que se genera en este país? Solo hay tres respuestas posibles: o a pagar a los asalariados, o a formar parte del excedente que se queda en las empresas o, en tercer lugar, va a los impuestos que recauda el estado. No hay más variables. El objetivo de la reforma fue modificar el reparto de la tarta. Pero como le dejaron el cuchillo de corte a los empresarios han cortado la tarta por donde han querido. Ese es el gran eje de la reforma, en donde todos los despidos por causas objetivas y los ERES antes pasaban o bien por la administración o bien por una autoridad judicial”, explica el técnico de empleo.

Este ejemplo es ilustrativo para concluir que el trabajador ha perdido seguridad y estabilidad. “El nivel de desprotección se ha incrementado de manera muy muy significativa. Pero hay que tener en cuenta que nuestra economía está montada sobre sectores económicos muy inestables. Basados en el turismo o actividades relacionadas con los servicios. En este tipo de empresas el índice de temporalidad se dispara y la precarización y la falta de seguridad y continuidad en el empleo, es cada vez mayor. El miedo a la pérdida de estos empleos, inseguros y precarios, funciona”, asegura Matías Movilla.

En la gestión pública, en el ámbito sanitario, también se están viendo prácticas completamente dolosas por parte de los gestores. El ejemplo que se da, por ejemplo, es el siguiente. “Es frecuente ver que a este tipo de personal se le contrata de lunes a jueves, pero no los contratan los fines de semana. O se les contrata por períodos cortos en los cuales no se les dan vacaciones. Esta contratación abusiva en la vía contenciosa se está resolviendo y en muchos casos se han declarado indefinido”, cita el letrado.

En poco o nada han podido ayudar los sindicatos para frenar la pérdida de derechos de los trabajadores. Entre el apoltronamiento de los sindicatos clásicos, la consolidación de los sindicatos amarillos y la pérdida de influencia en los trabajadores, que observan la labor sindical ineficaz que se mueve más entre los corrillos políticos que entre los asalariados, han precipitado la acción empresarial que soñaba con esta debilidad descabezar a las élites sindicales dentro de las empresas. Así es como ha cuajado la paradoja, cada vez más. de “quien se siente más seguro dentro de una empresa en realidad vive como un precarizado más. Hay que decir que eso es así porque ha existido la complicidad de los sindicatos amarillos, que han garantizado a un establisment que se ha encargado de convencer a sus compañeros de trabajo con un tranquilizador y esperanzador “no os va a pasar nada”. Pero la realidad es que sí está pasando. “Los trabajadores están perdiendo sus derechos, sus jornadas, se ven movilizados, se les modifica sus contratos de trabajo, se les están reduciendo sus emolumentos. Y todo se está produciendo con una celeridad y de una forma que nunca antes se había visto. Y estos son efectos que ya están padeciendo también los trabajadores fijos y con años de antigüedad en sus empresas. La doctrina neoliberal va buscando nuevos nichos de donde poder sacar nuevos beneficios. La filosofía es: ahora voy a por los salarios más altos y los precarizo”, subraya el abogado laboralista gallego.

Puestos a defraudar con el empleo, ¿quién defrauda más?

Si la empresa privada no es un gran ejemplo a seguir ya que la reforma laboral es una alfombra roja para su política laboral, no es menos cierto que la administración pública llena los juzgados de demandas ante los extraordinarios abusos que comete con la contratación de sus empleados. En algunos casos, Matías Movilla ha señalado en sala de algunas de esas administraciones “que han completado toda la carta de fraudulencia que se puede cometer en España en materia laboral”, situación que señaló en los múltiples juicios que tuvo que celebrar en los tribunales gallegos ante el fraudulento comportamiento de la CRTVG. Más de un tercio de la plantilla, más de 400 trabajadores, demandaron en los tribunales al Ente Público gallego que tuvo que indemnizar a sus empleados, sólo por diferencias salariales, con más de 18 millones de euros. A muchos de ellos, tras la sentencia del Tribunal Europeo tendrá que liquidar sus contratos por despido, por lo que el coste será mayor para las arcas del erario público gallego.

Los sindicatos son más amarillos y están en manos de las empresas, otro efecto de la reforma laboral

Su experiencia entre el sector público y el privado es que “incumple más la ley la administración pública. A lo mejor por un cierto paquidermismo. Es decir, por exceso de burocracia. Los abogados tenemos miles de pleitos contra las administraciones públicas. En la empresa privada no hay tanto incumplimiento de la ley, pero lo que se ve con más desgarro es el descabezamiento de la acción sindical. Porque esa es otra de las bazas que ha traído la reforma laboral. El hecho de la modificación del sistema de negociación colectiva, propiciando el convenio de empresa por encima del convenio de sector o convenio nacional, ha conllevado a establecer pequeños reinos de taifas dentro de las empresas. Lo que ha llevado a actuaciones del tipo “en mi casa hago lo que yo quiero”. Así que lo que se está viendo es la decapitación de la actividad sindical en muchas empresas en las que se está amarilleando a determinados sindicatos que luego son utilizados para poner nombres y apellidos que conforman la lista. Esa forma de actuar viola la ley orgánica de libertad sindical. Pero, en cambio, no hay denuncias de estas características. Hay, por tanto, una balsa de ilegalidad en las empresas que no está saliendo a la luz”, denuncia el letrado laboralista.

En España, después de décadas, sigue sin ser lo mismo trabajar para la empresa pública que para la privada porque “el miedo es mucho más fácil de establecer en la empresa privada, en donde la inestabilidad es mucho mayor”. El trabajador de la empresa pública se siente más protegido a la hora de acudir a los tribunales, de ahí que “la capacidad de reclamar en la empresa pública es mayor que en el privada aunque el trabajador esté hiperprecarizado. Si se contabiliza en número de pleitos, desde luego, hay muchos más en los juzgados relacionados con las administraciones públicas. Pero si lo llevásemos al índice de ilegalidad, entre una y otra, es mucho más difícil de poder dar una contestación”, reconoce.

Choca que la administración pública, de la que se supone tiene que cumplir las normas con mucho más rigor y debe tener unos procedimientos mucho más pulcros y transparentes, cometa más irregularidades en la contratación. Matías Movilla comparte esta teoría. “No es entendible que las administraciones públicas que están siendo servidoras de servicios públicos incumplan la ley porque, lógicamente, están obligadas a cumplirla. Al menos, las administraciones públicas se supone que tienen un plus”, pero que en la práctica no se ve, a juzgar por el colapso de los tribunales de lo social atascados entre las demandas de funcionarios y de personal vinculado a los sectores públicos.

¿Cómo actuar con la montaña del paro?

Para bajar la enorme cifra del paro España necesita otro modelo estructural. Con la situación actual es complicado converger a uno mucho más idílico. Matías Movilla, además de dedicar su tiempo profesional como abogado laboralista, también colabora en el mundo de la docencia. Su paso por las aulas le ha ofrecido un punto de vista sobre un sistema mejor. “En principio, sin tener un conocimiento de todos los que hay, me parece que el modelo de los países nórdicos es el más envidiable”, apunta. Para explicarlo pone un ejemplo. “Hace unos años se introdujo en nuestro país el concepto de la flexiseguridad. Es decir, un sistema que suponía que convergía hacia el despido libre, pero al mismo tiempo decía: no se preocupe porque mañana le voy a dar otro empleo, y, si no tengo empleo para darle, le voy a formar para que pueda continuar con su actividad. Esa idea filosóficamente podría estar bien. Pero claro para poder hacer eso hay que estar dotado de recursos. Yo, a usted trabajador, no le pago indemnización por despido porque le garantizo el manteniendo del puesto de trabajo o la formación continua para poder perpetuarse. Es como actualizarse en nuevas tecnologías. Ese modelo, sucede bastante en los países nórdicos”, explica Movilla. Pero no es un sistema barato para la empresa, ni para el trabajador. La idea tiene un precio: la carga impositiva. Una concepción muy alejada de la realidad española con el modelo actual. “En los países nórdicos hay una tasa impositiva del 60%. Aquí estamos en un 30%. Aquí muchas de las grandes empresas contribuyen con un 7%, o un 2%, o incluso nada”, recuerda el abogado laboralista.

¿Sobra empleo público como tratan de instalar desde algunos sectores mediáticos y sociopolíticos?

Desde algunos altavoces mediáticos, vinculados con políticas económicas laborales, se sostiene que el problema que existe en España es su enorme estructura funcionarial. Las diversas instituciones que hay a lo largo del estado y el uso de los políticos de la administración, creando numerosos chiringuitos públicos, para devolver favores hacen que el debate sobre el número de empleados públicos esté sobre la mesa. Esos altavoces reclaman la privatización y la amortización de numerosos puestos que, o bien resultan ineficaces, o bien sólo sirven para apoltronar cargos sin arte ni beneficio. Los defensores de más recorte público cifran en un millón los puestos de trabajo que sobran en las administraciones. Matías Movilla no escapa al debate y no discute que sobren en la actualidad, con un matiz que cambia el sentido del debate. “A lo mejor sobran un millón de puestos de trabajo públicos. Pero si sobran en un sitio faltarán en otro. Habrá que redistribuirlos. Es un tema que ha sido obviado por todos los gobiernos democráticos. No han sido capaces de hacer una reforma de la Administración Pública, muchas veces porque cuando este tema sale se han encontrado con un corpus muy consolidado. Pero aquello que se demonizó con frases del tipo la gestión pública no vale o es mejor y más eficiente la privada, ya hemos visto cómo ha acabado en muchos casos de corrupción. Ahora vemos como se está remunicipalizando el agua, la luz, gestiones de hospitales privatizados que piden a la Generalitat volver a lo público… En Canadá la electricidad es muy barata. ¿Por qué? Porque es pública. Allí todo el mundo tiene una piscina calentada con una bomba de calor”. La clave para que no existan estos desmanes públicos está en el descontrol de la gestión, normalmente mal vigilada por los poderes públicos porque existen “puertas giratorias que se llevan gran parte de los beneficios que no pasan en otros países más modernos y mejor gestionados”, apunta. En opinión del abogado laboralista “los países ricos son los que van más avanzados en este terreno. Por ejemplo, en Noruega hemos visto cómo hace unos días han anunciado que van a prescindir de su industria del petróleo a corto plazo. Hay que tener apoyos civiles detrás muy potentes para tomar este tipo de decisiones”, reflexiona.

Para apoyar su teoría de que el recorte es posible, a cambio de movilizar esa mano de obra pública hacia otro tipo de servicios, el letrado vigués cita al catedrático Viçent Navarro: “la creación de servicios públicos y de asistencia social genera una cantidad de empleo que se retroalimenta. Además, con ese trabajo también se crean nuevas cotizaciones a la seguridad social, se crea bienestar y esos puestos se retribuyen por la vía impositiva. Pero hoy día con salarios bajos, que están fuera de la economía real cuyos beneficios no cotizan porque no son beneficios reales al estar fuera de la economía real, estamos tirando gran cantidad de recursos que se podrían estar reinvirtiendo”, sostiene. Por tanto, para Matías Movilla “hay recursos para poder atender a la población sin lugar a dudas, y el ejemplo, lo podemos ver en los países nórdicos”.

Las pensiones son un derecho constitucional y no pueden estar comprometidas

La inseguridad laboral lleva al tema de las pensiones, en dos vertientes. Un trabajador que tarda en encontrar empleo lo tendrá que dedicar un esfuerzo mucho más grande a la hora de poder cobrar una pensión cuando le toque, y al mismo tiempo, en una situación de debilidad laboral con más dependientes y personas inactivas que aportadores al régimen del sistema de pensiones, la seguridad para percibir estas están cada vez más comprometidas. Matías Movilla no observa tanto peligro ya que recuerda que las pensiones “son un derecho recogido por la Constitución”. El abogado cree que para garantizar ese derecho tendrá que surgir una “gran reforma fiscal. Probablemente tendrán que pagarlas con impuestos porque constitucionalmente las pensiones son un derecho. A ese respecto soy optimista. Ahora interesa que nos envíen mensajes de que no va a haber pensiones y convencernos de que hagamos un plan en la banca privada. Y luego, si te baja a la mitad, como ha sucedido con otros productos financieros en los años de crisis, la culpa será otra vez de la crisis con la diferencia de que no van a rescatar al ahorrador. Así que, de entrada, aumentar la seguridad social privada es un error porque ya tenemos una buena seguridad social pública, que necesita recursos y refinanciación”, recalca. Pero añade con preocupación que aún hay una gran masa de economía sumergida que, por no estar controlado y regularizado, influye en el sostenimiento y fortaleza de la seguridad social. “Es bueno que recordemos que tenemos una economía sumergida de entre el 23 y el 25% sobre la que habría que actuar”, lo que lleva a pensar que con mejores condiciones laborales y salarios más altos la burbuja de la economía sumergida no existiría y retribuiría en la masa de las pensiones.

En lo que se refiere a prestaciones, Enrique Negueruela, pone el acento en los parados. Para el ex asesor de empleo de la Xunta de Galicia ese es otro de los dramas que no está en la foto fija de los datos del INEM. “Esa es la otra pata de la reforma laboral es el recorte de prestaciones. La tasa de protección es de 1 de cada cuatro. El dato de la EPA es que tres de cada cuatro parados ya no cobran, no tienen ningún tipo de protección. Esa es la situación en la que se ha dejado a las personas que se han quedado en el paro. En 2016 de los 4.474 parados que había sin prestaciones estaba 3.252. De ellos, parados con más de un año son 2.022 y de más de dos años 1.515. Es decir, más de la mita de los que no cobran llevan más de dos años en paro. La tasa de desprotección está en el 27,3%”, destaca. Negueruela cree que ante este panorama sólo se puede entender la tranquilidad del país en términos de economía sumergida.”Esta reforma laboral ha potenciado la economía sumergida a lo bestia. Y de eso poco o nada se habla. Pero es evidente que tiene que haber un volumen salvaje, porque sino tendríamos que tener una revolución en la calle en este momento”, zanja.