El Gobierno necesita del apoyo de las fuerzas independentistas del Congreso para que los Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE) salgan adelante. Por ello, ha puesto en marcha la idea de que La Moncloa no comparte que se acuse a los acusados del procés catalán no se les puede acusar de rebelión. Lo hizo el presidente, Pedro Sánchez, el miércoles en el Congreso y ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una conferencia.
En la última sesión al Gobierno en el Congreso, el portavoz del PNV en el hemicilo, Aitor Esteban, calificó de "frivolidad" que se les acuse de este delito a los políticos catalanes presos. Sánchez aplaudió esta afirmación. Ayer, mientras tanto, Calvo apeló a la decisión del tribunal Schleswig-Holstein, que rechazó extraditar a Carles Puigdemont por rebelión. Además, en una entrevista para Onda Cero, apuntó a la necesidad de "redefinir el delito de rebelión".
La Abogacía del Estado presentará el próximo 2 de noviembre un escrito al Tribunal Supremo (TS) en el que dará su opinión sobre las causas a las que se tienen que enfrentar los independentistas presos. Todo apunta a que su discursi será más "blando" que en anteriores ocasiones para que los independentistas apoyen las líneas presupuestarias del Ejecutivo. El TS dio cinco días para que las partes presenten sus escritos. Mientras que la Abogacía del Estado apostará por la sedición y malversación, la Fiscalía y Vox lo harán por la rebelión.
