La Audiencia Nacional reabre el caso de la caja B del PP

Esta reapertura significa que volverán a investigarse los ‘papeles’ de Bárcenas y Correa tendrá que acudir a declarar, esta vez desde prisión.
Marta Hernández Acámer
España
01.03.2017
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El juez José de la Mata, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido hoy miércoles reabrir el caso de la caja B del Partido Popular. Las últimas declaraciones de Correa en el juicio de la trama Gürtel, celebrado hace unas semanas, han sido las que han puesto sobre aviso a Izquierda Unida y Adade, quienes se presentan como acusación ante la reapertura del caso.

Declaraciones a partir del 23 de marzo
De la Mata ha citado ya para declarar el próximo 23 de marzo al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que se encuentra ya en prisión cumpliendo una pena de 13 años por la primera etapa de la trama valenciana. También llamará al ex propietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, y el día siguiente, al empresario Plácido Vázquez.

Estas tres personas citadas hasta el momento son, según declara el juez De la Mata: “los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos”.

Estas sospechas, como indica la acusación, vienen por las declaraciones de Correa en el juicio por la primera época Gürtel, en la que apunta a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que lo utilizaban como intermediario para conseguir contratos con el PP. En su momento, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, ya fue investigado en este mismo caso de contabilidad B, junto con García Pozuelo, y a ambos el juez les levantó la imputación.

Durante la vista del juicio, Correa también declaró que él mismo daba dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los ex miembros del PP que están sentados en el banquillo, y nombraba a Bárcenas como el receptor de entre el 2 y 3% por conseguir dichas obras en ministerios como el de fomento o Medio Ambiente.

Debido al acuerdo de reapertura del caso, el juez De la Mata ha pedido las actuaciones que llevó a cabo su predecesor en el cargo, Pablo Ruz, el cual concluyó la investigación en marzo de 2015 y propuso el “sobreseimiento provisional”, hecho que queda sin efecto como consecuencia de los últimos movimientos.

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