El pasado martes por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciaba “sobre un posible pacto muy avanzado entre el Partido Popular y el PSOE para reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’”, porque teme que sea un pacto de mínimos según se desprende de las palabras del ministro.
Algunos colectivos ciudadanos ha manifestado: “Esta intención de modificar la ley, llega después de las serias pegas jurídicas manifestadas por la Defensora del Pueblo sobre cómo su aplicación estaba violando el derecho fundamental a la libertad de información.
La comunicación de Zoido como ministro de Interior, los colectivos ciudadanos exigían que tomase en consideración estas advertencias.
La Defensora del Pueblo, en respuesta a las quejas presentadas por uno de los colectivos, como la PDLI por las sanciones que se habían aplicado a periodistas, concluía que dichas multas no estaban respetando los términos de constitucionalidad básicos.
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La Defensora recordaba la ‘reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que los límites de los derechos fundamentales han de ser interpretados con carácter restrictivo, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio (STC 159/1986)’.”
Una exigencia que, que según la PDLI, no se ha cumplido desde que esta ley está vigente al tiempo que recuerda que “la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana supone una restricción injustificada al derecho de información”.
La comunicación de Zoido no ha causado sorpresa. Los colectivos que forman la PDLI, en sus demandas a los grupos parlamentarios para esta legislatura, incluía la derogación de los aspectos más negativos de la ley y en la reunión mantenida con el Grupo Parlamentario Popular para impulsar estas medidas, la portavoz de Justicia, María Jesús Moro Almaraz, manifestó la disposición de su grupo para abordar, también, esta reforma.
“Otro motivo de preocupación de la PDLI, tras el anuncio del ministro sobre un acuerdo con el PSOE, es la deficiente calidad democrática de la ley de seguridad ciudadana previa, conocida como ‘Ley Corcuera’.
Precisamente, la necesidad de ambas normas, que contemplan la seguridad ciudadana como un problema de orden público, en lugar de un instrumento para proteger derechos y libertades, es más que cuestionable, a juicio, no solo de esta Plataforma, sino de organizaciones de derechos civiles y de expertos jurídicos que plantean una revisión de este enfoque.
Por último, la PDLI recuerda que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es solo una de las tres normas conocidas como ‘Leyes Mordazas’. Aunque esta llegase a reformarse satisfactoriamente, aún faltaría por abordar la doble reforma del Código Penal aprobada igualmente la antepasada legislatura”.
