La pobreza infantil y la exclusión social afecta en nuestro país a 1 de cada 3 niños, el 29,7% de la población menor de 18 años, que equivale a 2.461.008 niños y niñas. El anuncio del nuevo Gobierno de crear un Alto Comisionado de lucha Contra la Pobreza Infantil demuestra la voluntad de situar como prioridad en la agenda política a la infancia en situación más vulnerable.
La ONG Save the Children reconoce que este es un paso indispensable, pero añade que es necesario que esta prioridad política venga acompañada de una prioridad en el gasto público que no solo significa invertir en la infancia, sino invertir mejor.
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Save the Children expone que una inversión de 4.304,13 millones de euros permitiría que 638.770 niños y niñas salgan de la pobreza. Según exponen en un comunicado, los hogares que sufren pobreza severa y las familias monomarentales son quienes viven una situación de mayor fragilidad y quienes deben ser objeto de las medidas más urgentes e inmediatas", comenta la organización en un comunicado.
“El paso que ha dado el Gobierno creando la figura del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil significa sacar del olvido a la infancia más vulnerable de nuestro país y colocar por primera vez en la agenda política a la pobreza infantil”, señala Ana Sastre, directora de políticas de infancia de Save the Children. “Pero es necesario que esta figura cuente con los medios necesarios para poder actuar poniendo en marcha medidas urgentes como la mejora de la prestación por hijo a cargo o la creación de una certificación de familias monomarentales a nivel nacional si queremos ver cambios reales”, agrega.
La organización señala que otra serie de medidas como el aumento progresivo del gasto público en educación, una ley de protección de las familias con niños y niñas frente a los desahucios, fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud o mejorar la Encuesta de Condiciones de Vida, también contribuirán de manera significativa a reducir la pobreza infantil en nuestro país.
