viernes, 1 de julio de 2022

Manifestación contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Junta de Andalucía

Convocada una manifestación el sábado 3 de junio a las 12.00 horas que saldrá desde Puerta de Purchena y concluirá a puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta.


Manifestación contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Junta de Andalucía
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El próximo sábado 3 de junio a las 12.00 horas, Almería se manifiesta contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Saldrá la manifestación desde la Puerta de Purchena de la capital y concluirá a puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en el Paseo de Almería. Lo hace de la mano de los tres colectivos que conviven en la provincia: Stop Impuesto de Sucesiones, Stop Sucesiones y PACIS (Plataforma Almeriense contra el Impuesto de Sucesiones), que toman por bandera la justicia social contra un drama que la Junta de Andalucía tiene en su mano hacer desaparecer, para acabar con la injusticia. No cejaremos en nuestro empeño por más que una maquinaria de poder bien engrasada quiera impedírnoslo. Al final del camino abriremos la puerta a la justicia acabando con tanto sufrimiento o esta será derribada a fuerza de tanto llamar sin respuesta.

Lucha por tu herencia, por lo que es tuyo y con tanto esfuerzo han trabajado tus seres queridos, es el lema de una manifestación que se espera sea multitudinaria. Son miles los almerienses que rechazan su herencia por no poder hacer frente a los impuestos sangrantes que están obligados a pagar si quieren hacerse con ella. Esto sucede mientras en otras comunidades autónomas apenas se paga nada. Es más, Andalucía es la comunidad autónoma donde más se paga por recibir la herencia, hasta 1.000 veces más que en otras comunidades, una injusticia con la que hay que acabar y solo lo conseguiremos desde la lucha.

Dos peticiones concretas a los políticos andaluces: la primera es obligada y consiste en que bonifiquen al máximo ese impuesto (al 99,99 por ciento) y terminen con el suplicio y la injusticia que están  generando; la segunda es que desciendan del pedestal y se acerquen al pueblo, que conozcan los casos de injusticia y sufrimiento que ellos están provocando y que dialoguen con las víctimas, como hacemos nosotros cada día. Es seguro que, si lo hacen, ese impuesto brutal dejara pronto de existir.

Luchar contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no consiste sólo en protestar, manifestarse y gritar contra la injusticia de ese tributo. Es necesario, también, desmontar las mentiras y falsos argumentos de la Junta de Andalucía para justificar ese expolio. Es lo que pretendo hacer con este texto.

La Junta de Andalucía, ante el incuestionable drama social de miles de familias trabajadoras afectadas por el cobro de un tributo injusto y desproporcionado, que acarrea la ruina económica, impotencia y desesperación de aquellos a quienes dice representar y proteger, quiere acallar la voz del pueblo con una campaña, pagada con los fondos aportados por el contribuyente, cuyos únicos fines son frenar la justa rebelión popular con el tributo más injusto de España y ocultar una realidad que refleja vicios como el abuso de poder, la burla a los muertos, la humillación de miles de familias y el desacato a los mandatos de la Constitución.

Muchos andaluces nos sentimos sorprendidos de que la Junta no dude ni le tiemble el pulso a la hora de mantener la injusticia y enfrentarse a sus propios ciudadanos con tal de alcanzar el que siempre es su gran objetivo egoísta: mantenerse en el poder.

Es completamente falso que sea un impuesto para ricos, porque lo dicen las estadísticas y porque las personas con sobrados recursos económicos tienen la capacidad, asesorados por gabinetes de especialistas, para crear sociedades instrumentales y adquirir productos financieros que eluden el impuesto, recursos que no están al alcance de las familias trabajadoras, que son las que sufren el expolio que ese impuesto conlleva. Es sobre el ahorro y esfuerzo de la clase trabajadora sobre quien recae este injusto tributo, privándola de su pasado, expoliando su presente e hipotecando su futuro.

No afecta solo al 7% de la población, como sostiene la Junta. Las cifras hacen referencia únicamente a las personas que pasan por “caja”, una gran parte de ellas endeudándose para pagar nuevamente por lo ya pagado y tributado. La Junta de Andalucía no cita las renuncias que se producen cuando las familias no pueden acceder a créditos, que les permitan liquidar el impuesto, prueba de ello el dato del último informe 2016 del Colegio Notarial que cifra un aumento del 420% de las renuncias en Andalucía desde el comienzo de la crisis. Más de 7.000 familias andaluzas se vieron afectadas el último año por este motivo.

Tampoco es cierto que la vivienda habitual del difunto no tribute. La máxima bonificación requiere que el heredero viviese al menos los dos años anteriores en la vivienda del difunto. Además, el importe de dicha bonificación queda anulado si la masa hereditaria total supera los 250.000€, pues en ese caso se pagaría desde el primer euro heredado.

Y tampoco lo es que en familias con dos hijos herederos no se tribute, que es uno de los ejemplos más expuestos por la Junta de Andalucía. En este supuesto no hablan de los valores del capital preexistente, es decir, el capital financiero e inmobiliario que el heredero ya pudiera tener previamente y que se tendrá en cuenta reduciendo las posibles bonificaciones que pudieran aplicarse, esto sin contar que la media de natalidad esta en 1,5 hijos por familia.

La mayor y más sangrante de las mentiras difundidas es que se tribute por el valor real de los bienes heredados. La Junta de Andalucía aplica a los bienes inmuebles una fórmula resultante de aplicar al valor catastral un coeficiente multiplicador específico para cada localidad, añadiendo además para asegurarse el cobro del tributo un 3% de ajuar, dando igual que se trate de una vivienda vacía, local o campo. Esto provoca una sobre tasación de los bienes que multiplica varias veces su valor real de mercado, obligando así al pago del tributo. Lo anterior es tan prepotente y descarado que la Junta de Andalucía fue apercibida en el informe anual del defensor del pueblo andaluz, de 2015, y también del defensor del pueblo español, de 2016. Igualmente, hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que cuestionan el método de cálculo empleado sobre los valores catastrales, por colocar a las familias andaluzas en una completa indefensión ante el voraz injusto y desmedido afán recaudatorio de sus gobernantes.

Si se han dicho mentiras, esta es otra de ellas: que con este impuesto se pagan la sanidad y la educación. Es una vieja y rancia variante de aquel: “con esto pagamos las pensiones”, un trasnochado y caduco recurso al miedo, propio sólo de quienes no tienen otro argumento que esgrimir. La sanidad y educación son servicios básicos obligatorios para el Estado que se prestan en el resto de las autonomías, incluso en aquellas que tienen bonificado este impuesto al 99%. En algunas de ellas, la calidad de esos servicios son muy superiores. La Junta de Andalucía no ofrece por tanto, nada que justifique la desproporcionalidad de este tributo que para más vergüenza, es una ínfima parte de la recaudación total en comparación con el gasto que intentan justificar.

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Autor

COLUMNA CERO

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