Los estibadores rompen las negociaciones con la patronal

Por PATRICIA MALAGÓN ARROYO. 23/03/2017

Los sindicatos de los estibadores han abandonado las negociaciones que mantenían con la patronal Anesco para llegar a un acuerdo sobre la reforma del sector.

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Carga y descarga en un puerto marítimo

Los estibadores han abandona la reunión que mantenían con la patronal Anesco para llegar a un acuerdo en la reforma del sector. Según el portavoz de los trabajadores, Antolín Goya: “la propuesta de la patronal choca frontalmente con el mantenimiento de empleo e imposibilita el acuerdo. Quieren cambiar todo el convenio colectivo”.

Hasta el momento, una de las peticiones de los estibadores es la de jubilarse con un 80% del salario, frente al 70% que les ofrece el Gobierno. "La prejubilación consistirá en un subsidio equivalente al 80% del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondiente a los seis meses anteriores a la baja, con un mínimo de tres veces el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento", reclaman los estibadores. Además, el Gobierno incluye en su plan de prejubilaciones que puedan solicitarse a partir de los 50 años con un 70% del salario.

Por su parte, los estibadores continúan pidiendo el 80% del salario y para ello ofrecen rebajarse el salario un 1%. Además, según los estibadores, aunque no figura en su propuesta, estarían dispuestos a bajarse el sueldo un 6% para mejorar la competitividad.

Otra de las reclamaciones de los trabajadores de la estiba es disponer de un rango de ley para que las empresas se subroguen a los trabajadores. Piden que se respete la antigüedad y el resto de derechos que tienen consolidados. Además, los trabajadores reclaman a los sindicatos que participen en la formación para el acceso a la profesión con formación continua. Pero según el secretario de Fomento, Julio Gómez-Pomar, “esa ley es inviable”.

Finalmente, los trabajadores y los sindicatos insisten a que están dispuestos a reformar el convenio para adaptarlo con la Unión Europea, siempre y cuando se mantenga la estabilidad del empleo. Además, dicen estar dispuestos a adaptar su formación a las nuevas tecnologías. Por el momento, y mientras que no haya acuerdo, España será sancionada con 134.000 euros al día hasta que no se apruebe la reforma. Una sanción que se suma a los 23 millones euros de multa acumulados.

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