Agentes de los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal que introducía mujeres en Cataluña para explotarlas sexualmente. A los cuatro detenidos, de origen nigeriano, se les considera autores de un delito de tráfico de seres humanos, inmigración clandestina y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La investigación se inició el mes de junio de este año cuando una mujer de nacionalidad nigeriana denunció ante los Mossos que estaba recibiendo amenazas de un grupo de compatriotas que anteriormente le habían obligado a ejercer la prostitución. Aunque en estos momentos los arrestados han pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 5 de Vic y el juez decretó su libertad con cargos, la investigación comenzó hace seis años.
“Para garantizar que la mujer no desvelase la identidad de las personas que la llevarían a Europa y asegurarse su sometimiento al grupo, antes de viajar fue sometida a una ceremonia de vudú“, han expuesto los Mossos en nota de prensa el pasado 6 de noviembre. El ritual condiciona a “las víctimas y garantiza el silencio por los condicionantes culturales y religiosos”.
CUATRO DETENIDOS
Los agentes de la División de Investigación Criminal adscritos al Área Central de Crimen Organizado de los Mossos constataron que la banda trasladó a Vic desde Nigeria en 2011 a la dama con la promesa de que conseguiría un trabajo estable y bien remunerado en Cataluña. “Según le aseguraron con su nuevo puesto de trabajo le debería permitir vivir cómodamente además de poder enviar dinero a su familia”, han asegurado.
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Ya en la provincia de Barcelona, la denunciante comentaba que supuestamente debía saldar una deuda de 50 euros en concepto de gastos de viaje y que debería ejercer la prostitución hasta conseguir la cantidad impuesta. La mujer era reubicada por diferentes ciudades catalanas y europeas, donde siguió ejerciendo la prostitución de manera forzada hasta el año 2014, cuando consiguió fugarse.
OPERATIVO POLICIAL
El día 24 de octubre se estableció un operativo policial para detener a los cuatro miembros de la organización, de edades comprendidas entre los 37 y 43 años, para realizar las entradas y registros en dos domicilios que tenían en Vic. Los investigadores acreditar que, como mínimo, el grupo habría estado explotando dos mujeres, aunque actualmente ya habrían dejado de lado esta modalidad delictiva para dedicarse a otras actividades ilícitas, por lo que la operación continúa abierta.
En abril de 2017 la víctima volvió a Vic, ya que había conseguido un trabajo estable y remunerado. Fue entonces cuando los miembros de la organización la localizaron nuevamente y la comenzaron a amenazar para que devolviera el dinero de la deuda.
