La investigación de la Ertzaintza comenzó el 19 de julio , cuando agentes especialistas de investigación criminal detectaron en las redes la llamada al suicidio pactado de un grupo de personas, que iba a tener lugar a finales del presente año.
Poco después, los agentes se apercibieron de que el gestor del grupo había adelantado la consumación de los suicidios al 17 de agosto, aniversario al parecer del fallecimiento de una persona allegada suya.
Especialistas en delitos contra las personas y en tecnologías de la información de la Ertzaintza, procedían a analizar los rastros dejados por el grupo en las redes, para lo que remitían solicitudes urgentes de información a las distintas empresas suministradoras de servicios en internet. La colaboración de las mismas permitía finalmente identificar al inductor del suicidio colectivo, el cual se encontraría localizado en Argentina.
Además, entre las personas identificadas por la Ertzaintza como integrantes del grupo se encontraba una joven residente en Gipuzkoa.
La Ertzaintza informaba entonces, vía Interpol, a las autoridades policiales y judiciales argentinas. La información facilitada permitía que el 11 de agosto, seis días antes de la fecha pactada, agentes de la Policía Federal Argentina, detuvieran al joven en su domicilio de San José, en la provincia de Entre Ríos. En la habitación del menor, además de materiales informáticos que están siendo investigados, eran localizados varios cuchillos y cutters así como gasas impregnadas de sangre. El joven era puesto bajo la tutela de especialistas psiquiátricos de la administración argentina.
La investigación prosigue en estos momentos para identificar a la totalidad de las personas implicadas, esclarecer completamente las circunstancias que envuelven el caso y sobretodo descartar la existencia de otros grupos que pudieran haber sido creados por el menor con las mismas intenciones.
Investigación contra reloj
El factor que más ha condicionado la investigación de la Ertzaintza y la actuación de la policía argentina ha sido la premura de tiempo disponible para localizar al líder del grupo antes de que éste consumara sus intenciones, labor para la que ha sido fundamental la cooperación de todos los organismos implicados: Interpol, Cibercrimen, la argentina UFECI (Unidad Fiscal Especialista en Ciberdelincuencia), el Juzgado de Instrucción nº1 de Donostia, dirigido por el magistrado Enrique Rodríguez, así como el Fiscal especialista en criminalidad informática de Donostia, Javier Zaragoza, y el Fiscal General especialista en ciberdelincuencia de Argentina, Horacio Azzolin.
Fenómeno diferente a la “Ballena Azul”
Si bien los hechos investigados por la Ertzaintza en esta ocasión se asemejan a los que habitualmente se engloban bajo el juego, conocido como la “ballena azul”, también orientado a conseguir el suicidio de otras personas, tienen sin embargo, una diferencia fundamental, como es la no existencia de fases progresivas en las que la víctima se encamina individualmente hacia la muerte. Aquí por el contrario, el inductor trata de lograr el compromiso del grupo para consumar de manera conjunta el suicidio de todos sus integrantes.