Tras conocerse la sentencia que la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo dictó el 15 de marzo de 2018, la asociación de usuarios financieros, ASUFIN, ha decidido dar un paso adelante en el recorrido judicial y trasladar a la justicia europea una consulta que en la justicia española arroja controversia.
La Sentencia también deja bien claro que atribuir todos los gastos de formalización de una hipoteca de manera indiscriminada al consumidor es abusivo, pero, sin embargo, excluye de esa misma cláusula abusiva el IAJD (impuesto de actos jurídicos documentados).
Por otro lado, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, ha mostrado su malestar con el resultado de las últimas sentencias porque hay sentencias que a pesar de reconocer el abuso no obligan a la devolución de las cantidades reclamadas. A juicio de la asociación de usuarios es una contradicción. “No podemos estar de acuerdo con esta sentencia que considera abusiva una cláusula pero no obliga a la devolución del dinero. El Supremo nos da una de cal y otra de arena”.
El Tribunal Supremo ha concluido en una de sus recientes sentencias que “el pago por la constitución del préstamo incumbe al consumidor, y que por el timbre de los documentos notariales se abonará a partes iguales. Basándose en el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exonera a la banca de esto pagos”, según informa la asociación.
Patricia Suárez no entiende estos planteamientos: “Si esa obligación se inserta en una cláusula declarada abusiva por desequilibrada, lo correcto es anular toda la cláusula y la consecuencia, que el banco abone los gastos”, razona la representante de los usuarios.
Por eso, la conclusión para ASUFIN es trasladar las contradicciones encontradas en las sentencias de la justicia española a los jueces europeos del Tribunal de Estrasburgo. Ante ellos espera conseguir que se eleve una cuestión prejudicial para aclarar si realmente los Actos Jurídicos Documentados deben ir a cargo del prestatario y no de quien presta el dinero. Lo hará presentando demandas colectivas que tiene interpuestas contra toda la banca. “Lo que le vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia Europeo es que nos diga cuáles son las consecuencias de declarar abusiva una cláusula. Creemos que tenemos razón al solicitar su anulación y mantenemos nuestra esperanza puesta en Europa”, asegura Patricia Suárez.
ASUFIN ha tomado esta decisión porque recuerda que en otro caso juzgado por el Tribunal Supremo, con el número 705/2015 de 23 de diciembre, en la que también fue ponente el mismo magistrado, Francisco José Vela Torres, el órgano supremo declaró entonces la nulidad de la cláusula que obligaba al consumidor a asumir íntegramente los gastos de formalización de la hipoteca, incluido el IAJD. “No se entiende esta marcha atrás, al Supremo le ha temblado el pulso”, manifiesta la presidenta de la asociación.
