Tras estudiar dos recursos contra las sentencias de la Audiencia de Oviedo que condenaban a los consumidores a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en el que se discutía si este impuesto debía ser sufragado por el consumidor como solicitante de un préstamo hipotecario bancario, la sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en Madrid ha fallado a favor de los bancos.
En la sentencia da la razón a las entidades bancarias declinando la balanza y considerando que la constitución del préstamo es un acto que incumbe al consumidor. El timbre de los documentos notariales (15 céntimos por página) se abonará a partes iguales así como las copias, que las pagará el que las solicite.
ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros ha reaccionado con duras críticas hacia el Alto Tribunal tras conocer su posición. “El Supremo, que tanto ha hecho por los consumidores, una vez más le ha temblado el pulso. Nadie duda que el art. 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dice que el impuesto lo debe pagar el prestatario. Ahora bien, si este gasto está incluido en una cláusula en la que se obliga al cliente a pagar todos los gastos, incluso los que por Ley no le corresponden, la cláusula debe ser declarada nula y el banco asumir el coste total de esta nulidad. Así lo establecía la sentencia de diciembre de 2015 y que ahora se echa por tierra”, ha dicho la presidente de la asociación, Patricia Suárez.
A la asociación le ha sobresaltado el hecho de que el Supremo se haya detenido en su argumentación para justificar que las copias de las escrituras las tiene que pagar el que las solicita. ASUFIN también ha analizado este punto dedicándole su análisis y su punto de vista a los magistrados que han firmado la sentencia. “Parece mentira que el Supremo haya tenido que poner por escrito que el banco tiene que pagar su copia y no el cliente. Esto refleja el nivel de abuso al que han llegado las entidades financieras que han cargado con todos los gastos, los propios y los ajenos, a sus clientes”, contesta ASUFIN.
El fallo del Supremo ha caído como un jarro de agua fría entre los consumidores asociados, que esperaban obtener de los tribunales españoles una argumentación mucho más favorable. Ante el revés judicial, Patricia Suárez anuncia que el pleito proseguirá vivo dando el salto a Europa, en donde esperan que su voz sea más cálida sin que esta sea ignorada. En Europa aguardan y depositan sus esperanzas. “Será otra vez en Europa. Las directivas Europeas y las recientes sentencias del TJUE inciden en que las consecuencias de la nulidad de una cláusula abusiva deben tener carácter disuasorio. Yo comprendo que el impacto económico en los bancos y el aumento de la litigiosidad puede haber pesado en esta sentencia, pero los magistrados se han equivocado”, concluye la dirigente de ASUFIN.
ASUFIN presentó en los últimos años 4 demandas colectivas contra toda la banca para frenar el cargo de estos gastos hipotecarios sobre el consumidor. Hasta ahora, los juzgados han resuelto mayoritariamente a favor de los clientes de las entidades. En términos porcentuales, ASUFIN calcula que un 88% de las sentencias emitidas se habían condenado la gestión bancaria al respecto de su procedimiento con el cobro de los gastos de constitución de una hipoteca. En las sentencias, los jueces de primera instancia obligaban a las entidades a devolver, al menos, una parte de dichos gastos de constitución. Este porcentaje bajaba en el caso concreto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) al 50%. “Esta sentencia no nos va a detener, -advierte Patricia Suárez-. Al contrario, pediremos a los jueces que planteen cuestión prejudicial para que sea Europa, una vez más, la que decida.”
Haciendo un cálculo de lo que puede significar el resultado económico de la cuestión que plantea el organismo que reúne a este colectivo de consumidores, ASUFIN valora su reclamación en muchos millones de euros. Dinero que se ha quedado la administración a través de la gestión de las entidades financieras. Así, el cálculo que realizan desde este colectivo es el siguiente para una hipoteca media que ronde los 200 euros. “Lo que se reclama en ese caso concreto son 2.500 euros, que multiplicados por ocho millones de hipotecas, estamos hablando de muchos miles de millones”, ha estimado Patricia Suárez. Haciendo el cálculo, son veinte mil millones de euros.
• Patricia Suárez, Presidenta de ASUFIN: “esta sentencia no nos va a detener, una vez más tendremos que llegar a Europa”.
