La Guardia Civil ha vuelto a hacer esta mañana registros y detenciones relacionados con el caso del 3%, en el que presuntamente se realizaban adjudicaciones públicas a cambio de comisiones a Convergencia. El presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, junto con el expediente de alcalde Antoni Vives y Francesc Sánchez, cabeza de la refundación de Convergencia, se encuentran entre los detenidos. En total, han sido alrededor de 20 detenciones relacionadas con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Sixte Cambra ha sido puesto en libertad un par de horas después de la detención.
Las compañías sobre las que se están practicando registros y detenciones son Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals SA). Las acciones se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid.
El caso del 3%
El escándalo por presunta corrupción política en la que se cobraba el 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por parte del gobierno de la Generalitat de Convergència i Unió comenzó en 2005 a consecuencia del derrumbamiento causado por las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. En el pleno del Parlamento sobre estos hechos, el 24 de febrero del 2005, el presidente Pasqual Maragall se defendió de las acusaciones de Convergència i Unió y afirmó que este partido tenía “un problema denominado 3%”, en alusión al rumor basado en un editorial de El Periódico que decía que la formación de Artur Mas había cobrado comisiones por la adjudicación de obras cuando dirigía la Generalitat. Mas amenazó de dejar a solas el gobierno del tripartito en la reforma del Estatuto, cosa que habría impedido llevarla adelante, e interpuso una querella contra el presidente por calumnias. Por este motivo, Maragall se tuvo que retractar de todo el que había dicho y Más, por su parte, retiró la querella.
Se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar las acusaciones de Maragall, que el 25 de mayo del 2005 entregó sus conclusiones. De acuerdo con estas, no se pudo acreditar el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, pero se instaba la implantación de mecanismos que favorecieran la claridad en las cuentas de los partidos políticos, como la eliminación de las donaciones anónimas.
