El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha ratificado este martes ante el juez José María Vázquez Honrubia, de que el exsecretario general del PP, de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, le avisó de que la formación política había dado instrucciones de girar facturas falsas a empresarios, para que sufragasen los costes de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
Bárcenas ha declarado como testigo, en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, en la que se analiza cómo el partido liderado entonces por Francisco Camps, pagó los eventos contratados con la empresa de la trama Gürtel, Orange Market.
A preguntas de la fiscal Myriam Segura, Bárcenas, que en 2007 y hasta junio de 2008 era gerente del PP, ha confirmado que se reunió con Costa, debido a la ausencia del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, donde el político valenciano le comunicó que estaba “preocupado” porque el exvicepresidente regional Víctor Campos, le informó de las instrucciones dadas por Camps y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, sobre “tener relaciones con los empresarios que financian al partido”, mostrándole sobres con dinero en efectivo.
“NO SE CUMPLIERON LAS INSTRUCCIONES”
Bárcenas ha asegurado que después informó a Lapuerta de esta conversación y ha concretado que éste le dijo que “hablaría con Valencia para decirles que eso estaba prohibido”. “Yo me imagino que hablaría” con los responsables del partido regional, pero “parece ser que no se cumplieron las instrucciones”.
AUTONOMÍA PARA ORGANIZAR ACTOS
En cuanto a las campañas autonómicas, ha afirmado que era cada comunidad la que contrataban los servicios que necesitaban pues tenían “autonomía para organizar los actos”, salvo si participaba el candidato a la presidencia del Gobierno, que entonces se encargaba de todo la sede nacional.
Aún así, ha precisado que “había una parte de la contratación que se hacía de forma generalizada”, desde la sede de la calle Génova de Madrid, para optimizar los costes, pero después se pedía a los proveedores que “fraccionasen” esa factura, imputando a cada sede provincial el importe que le correspondían a cada uno de ellos.
