Camps, investigado por presuntas irregularidades en la construcción del circuito de la F1

Este procedimiento, que está declarado secreto, lo lleva Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
Iván Leal Ramos
España
07.02.2018
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El juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, ha citado a declarar como investigado, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en una causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción del Circuito de la F1, en Valencia.

Este procedimiento, que está declarado secreto, lo lleva Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El exjefe del Consell, tiene que acudir este mismo miércoles al juzgado a declarar. En esta causa se han llevado a cabo otras diligencias como un registro reciente en la vivienda del exconseller de Infraestructuras, Mario Flores (PP).

CIRCUITO DE FÓRMULA 1

El pasado mes de mayo, salió a la luz pública que agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, se personaron en la sede de la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con sendos oficios de la Fiscalía, en los que se pidió documentación relativa a los expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP, para la contratación de obras de acondicionamiento para la realización del Gran Premio de la F1.

La documentación solicitada hacía referencia a los expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP en el año 2007, por el entonces Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), para la contratación de la asistencia técnica y del apoyo a la dirección de obra relativas a las obras ejecutadas para la conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real, dentro de los trabajos para la realización del Gran Premio de Fórmula I.

CAMPS, INVESTIGADO

Por otro lado, Camps ya está siendo investigado en el juzgado de Instrucción número dos de Valencia, que instruye una causa por presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de F1, a raíz de una querella formalizada por la Fiscalía y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Su declaración estaba prevista para el mes de enero, pero tuvo que suspenderse sine die por unos problemas en la notificación de unos correos electrónicos.

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