El juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado José María Vázquez Honrubia, juzga desde hoy y hasta el próximo mes de abril, la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel.
En el banquillo se sientan 20 acusados entre los que se encuentran empresarios, la trama de Francisco Correa, y la cúpula del Partido Popular y de la Generalitat del expresidente valenciano Francisco Camps, con procesados como el exsecretario general Ricardo Costa, o el exvicepresidente, Vicente Rambla, a quienes la Fiscalía pide 7 años y nueve meses de cárcel por delito electoral y falsedad documental.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA
Según la Fiscalía, el PP valenciano encargó en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008, actos electorales a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel, por un total de 3.4 millones de euros “sin factura ni declararlos a Hacienda o al Tribunal de Cuentas”.
Hasta 2.2 millones fueron pagados por el PP en negro a la trama, y el resto de los actos que correspondía pagar a la formación conservadora, fueron abonados por adjudicatarios con la Generalitat, que pagaban a Correa por servicios no prestados mediante facturas ficticias a cambio de obra pública. Entre los actos bajo sospecha se encuentran varios mítines de Mariano Rajoy.
El propio Correa ha admitido los hechos e implicado a Francisco Camps, que solo declarará como testigo. También han confesado los nueve empresarios involucrados en la causa.
EMPRESARIOS
Entre estos empresarios, se encuentran Enrique Ortiz, implicado además en el caso Brugal; Gabriel Batalla, de la empresa Lubasa; Enrique Gimeno, de la castellonense FACSA; los hermanos Antonio y Alejandro Pons, de la firma Piaf; o Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
Según el auto del juez instructor, José de la Mata, éstos sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPV a Orange Market, mediante contratos “que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios”. Estas empresas, según explicaba el magistrado, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.
