El Pleno del Congreso se reúne el martes, 31, en sesión extraordinaria, para decidir sobre la convalidación o derogación de los reales decretos leyes de medidas urgentes, para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Igualmente, se tratará la regulación del mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica; y las medidas urgentes de protección de consumidores afectados por la cláusula suelo. El miércoles, los temas no son menores. Habrá que ir poco a poco.
Sobre el impulso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el Gobierno presenta un conjunto de medidas, ya habladas y debatidas meses atrás. Medidas que afectan a jóvenes de entre 16 y 25 años, y menores de 30 con un 33% de discapacidad (que ni estudien ni trabajen), a quienes se les da la oportunidad de inscribirse en un banco de dados nacional, desde el que tener mayores posibilidades de encontrar empleo o formarse, siempre que se cumplan los requisitos.
Se establecen bonificaciones a las empresas que contraten a chavales apuntados a este fichero y se incentiva a quienes opten por ser autónomos. En definitiva, más de lo mismo ante un porcentaje de parados del 58,7, entre los menores de 20 años, y del 43%, si aumentamos el rango hasta los menores de 25 años.
[Sumario]
Obligado es que la ministra, Fátima Báñez, explique las ventajas añadidas con las que van a contar los chicos, que no ofrezcan ya las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), y la masiva aparición de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), auténticos ‘lobby’, que han convertido el mercado laboral en territorio propio y supuestamente intransferible.
Bono social
Va a estar chulo seguir qué de nuevo trae el bono social, del que oímos hablar y trastean desde 2009, y que aplican las eléctricas a todos aquellos usuarios que tengan 2,3 kw, de potencia contratada en la vivienda habitual. El descuento es del 25% del precio que pone la compañía que suministra, hasta ahora por cuenta de la misma.
Además, se acogen a esta ‘tarifa de último recurso’ las familias que tengan todos sus miembros en paro, los jubilados con pensión mínima, o no contributivas y las familias numerosas. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando no se discrimina, como no se hace en ninguna norma o se hace a la pata coja, cabe preguntarse si todas las familias numerosas tienen derecho a este descuento, sean ‘pobres’ o ricas’; si todos los jubilados con escasa pensión están bajo este paraguas, ya tengan uno o 20 inmuebles, porque en ningún caso se habla de patrimonio.
En el caso de percibir el descuento del 25% por potencia contratada, queda claro que pocas familias pueden subsistir con el uso de un solo electrodoméstico a la vez: vitrocerámica o plancha o espirador o lavadora o secador de pelo o estufa…, pocos aparatos bajos de los 2 kw.
Cláusula suelo
Nos informan, con escasa claridad, de que los bancos están obligados, por sentencia, a devolver la llamada clausula suelo a quienes se la aplicaron. A la vez, se escurre, de la portavocía de los bancos, que el monto lo van a prorratear entre todos sus clientes; difícil entender que salga del bolsillo de los responsables de la propuesta, que los tribunales declaran ilegal.
Qué hacer con quienes perdieron su vivienda y mantienen una deuda más intereses, con una entidad bancaria que les ha aplicado la cláusula suelo?
Quién va a obligar a los condenados a pagar?, y lo harán con los mismos intereses que la entidad en cuestión aplica a sus clientes por impago?
El riesgo de entrar en una semana calentita es que, tanto por resolver, quede en agua de borrajas. Agua que, casi, vamos a suplicar a los cielos para aplicar la no rebaja en el precio de la luz, ese suministro que ha resuelto todos los misterios: si consumes, sube el precio; si no consumes, es más cara; si llueve se corta; si no llueve, a precio de oro; si no pagas, te la corto.
Miércoles
En la sesión de control, del miércoles, se tratan las mociones sobre pobreza infantil; la política del Gobierno para impulsar, promover y proteger la cultura e industrias culturales; y la aplicación de la Regla de Gasto, a las entidades locales.
