El Congreso de los Diputados retoma esta semana la actividad ordinaria. Después de un mes prácticamente cerrada, la Cámara Baja vuelve a retomar el diario de sesiones hasta el mes de junio para seguir adelante con la agenda legislativa del Gobierno. Entre los proyectos que tiene La Moncloa entre manos está la aprobación definitiva de la ley de la eutanasia, la nueva Ley de Memoria Democrática o incluso una nueva Ley del Aborto que preparaba el exministro de Sanidad Salvador Illa y que ha heredado su sucesora, Carolina Darias. La semana pasada hubo cierta actividad, con un pleno y varias comisiones, pero los primeros días de febrero marcarán la reactivación de la vida plenaria.
El Gobierno no se somete a una sesión de control desde el pasado 18 de noviembre. Esta es una anomalía democrática en todos sus vectores. No solo por parte del Ejecutivo, sino por la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, encargados de planteara la agenda parlamentaria cada semana. Una de las competencias que tiene el Congreso de los Diputados y el Senado como Cortes Generales es el de preguntar al Ejecutivo por los asuntos públicos más candentes del momento, su postura y sus proyectos de futuro para ponerles solución o abordarlos de alguna manera. No obstante, las últimas sesiones de control han estado llena ataques cruzados ya no solo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder de la oposición, Pablo Casado, sino de todos los líderes políticos con asuntos que extrapolan los límites de la política.
Otra consecuencia del cerrojazo del Congreso en enero es que Illa no compareció ante la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja antes de abandonar el Consejo de Ministros. Es cierto que fue la actual ministra quien dio explicaciones sobre la situación epidemiológica del coronavirus el pasado viernes, pero su comparecencia pasó de ser una rendición de cuentas del Ejecutivo ante la pandemia a ser un ataque sistemático contra la nueva titular de Sanidad.
De los últimos proyectos de ley de calado que se aprobaron en las Cortes fueron la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE). Ambos proyectos gubernamentales han suscitado grandes debates sobre el futuro del país, tanto del primero -acusan al Ejecutivo de intentar acabar con el castellano como lengua vehicular o con los centros de educación especial- como del segundo -el PP aseguró que estas cuentas públicas destruirían más empleo y no podrían hacer frente a la crisis económica generada por el Covid-19 a pesar de la llegada de los Fondos de Recuperación económicos que vienen de la Unión Europea-.
