Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) ha asegurado que la polémica ley de educación de Celaá priva de un derecho fundamental: aprender español. Según la madrileña, esta Ley “priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español y cercena la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial”.
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Así lo ha afirmado a los medios de comunicación la propia Díaz Ayuso, que ha participado este domingo por la mañana en la recogida de firmas del Partido Popular en el distrito de Salamanca, dentro de la campaña organizada por el susodicho partido en sus distintas sedes para mostrar su rechazo a una ley que consideran que no respeta la Constitución Española.
Isabel Díaz Ayuso ha explicado:
“Con ella queremos recoger firmas en contra de la ley Celaá, una ley de la que estamos absolutamente en contra porque no solo merma la calidad de la enseñanza, sino que priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español en su tierra, en España, y cercena poco a poco la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial, que es el objetivo de la izquierda”
Por otro lado, según defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid, está ley se produce en un momento social “muy difícil” y sin que exista “consenso ninguno” ni en la comunidad educativa ni entre las distintas fuerzas políticas. Y Díaz Ayuso insiste:
“Ahora que los españoles están sumidos en otra clase de problemas como la economía, la crisis sanitaria (…) es una aberración que impongan por la espalda una ley que sobre todo priva del derecho constitucional a aprender español en tu tierra, que es España”.
Hay que recordar que la Comisión de Educación del Congreso aprobó, el pasado viernes, su dictamen a la Lomloe o más conocida como “ley Celaá”, que incorpora importantes cambios al texto inicial a través de una serie de enmiendas sobre el uso del castellano o la condición de los centros concertados, y que han puesto encima de la mesa las grandes diferencias entre los partidos de izquierdas y de derechas.
El texto, que pasará al pleno del Congreso que tendrá lugar este mismo jueves, donde aún se podrán realizar nuevos cambios porque se mantienen una serie de enmiendas, a pesar de que ha salido adelante sin el apoyo del Partido Popular, VOX, Ciudadanos y UPN.
Pero Díaz Ayuso no ha sido la única que se ha mostrado completamente en contra de la “ley Celaá”. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho:
“Es una norma sectaria que se está tramitando con nocturnidad y alevosía y que ataca la libertad de elección, la calidad educativa, la concertada, la educación especial y nuestra lengua: el español”.
La presidenta regional tiene claro que la ley Celaá
“va a condenar a generaciones futuras a una educación peor y, sobre todo, que priva del derecho constitucional a aprender español en tu tierra, que es España”.
Sobre la iniciativa de recoger firmas en las sedes del Partido Popular en Madrid, Díaz Ayuso ha señalado:
“Con ella lo que queremos es recoger firmas en contra de la Ley Celaá. Estamos absolutamente en contra porque no solo iguala a la baja y merma la calidad de la enseñanza, sino que priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español en su tierra en España así como (pretende) ir poco a poco cerciorando la libertad de las familias para elegir la educación concertada y la educación especial, que es el objetivo de la izquierda”.
Enrique Ossorio, el Consejero de Educación y Juventud, también ha estado presente en la recogida de firmas y ha explicado:
“Todos los que defendemos una educación libre y de calidad debemos firmar contra la Ley educativa de Sánchez e Iglesias (…) Una norma sectaria que se está tramitando con nocturnidad y alevosía y que ataca la libertad de elección, la calidad educativa, la concertada, la educación especial y nuestra lengua: el español”.
Para poder contrarrestar esta polémica ley, el Gobierno de la Región de Madrid ha elevado ya el conocido como “periodo de información pública” el anteproyecto de Ley de educación para promover una norma a nivel autonómico que garantice que se puedan crear plazas en la educación concertada y, especialmente, siempre que exista lo que se conoce como “demanda social”.
