Noticia sorpresa desde el Tribunal Supremo: el juez ha solicitado al mencionado Tribunal que lleve a cabo una investigación sobre el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, por su participación en “Caso Dina”. Solicita que se le impute por delitos de revelación de secretos y de descubrimientos, daños a equipos informáticos, denuncia falsa o acusación y/o simulación de un delito durante su gestión de la tarjeta del teléfono móvil que fue sustraído a su asesora, la polémica Dina Bousselham.
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El juez García Castejón ha solicitado al Tribunal Supremo que impute a Pablo Iglesias, líder de Podemos, por daños informáticos, revelación de secretos y simulación de delitos por el polémico caso de las tarjetas del teléfono móvil de su asesora Dina Bousselham, según ha confirmado La Sexta.
Fuentes de la formación morada aseguran que esto es increíble, no dan crédito: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.
La exposición razonada a través de un total de 63 folios, traslada al Tribunal Supremo el asunto que estaba siendo investigando dentro del caso Villarejo porque Pablo Iglesias, en su condición de diputado, es aforado, pero no duda en señalar a más personas. Pide investigar a la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, ex-jefa del equipo del área legal. Además de a los abogados del partido morado, Raúl Carballedo y Marta Flor, por los mismos delitos que el vicepresidente del Gobierno.
Según el periódico ABC, nombrando fuentes judiciales, se incluyen indicios de delito por parte de Bousselham y su pareja, Ricardo Sa Ferreira, por falso testimonio. Y el magistrado considera que Iglesias empleó de manera fraudulenta para poder conseguir alguna clase de ventaja electoral con esta causa abierta en la Audiencia Nacional tras el hallazgo de los polémicos archivos de Villarejo de una parte del material que formaba parte del teléfono de memoria del teléfono móvil de la mencionada Dina Bousselham, que le había sido robado y cuya sustracción fue denunciada por ella.
En otro auto, el juez decide procesar por los mencionados hechos al polémico comisario Villarejo, Alberto Pozas (director de la revista Interviu) y al periodista Luis Rendueles por dos delitos: encubrimiento y revelación de secretos. Según se explica en las actuaciones, el primero poseía los archivos de Bousselham porque Rendueles y Pozas, que lo habían recibido en su publicación de manera anónima, se lo entregaron. Según ellos, por un requerimiento policial verbal.
A partir de ahora, empieza una cuenta atrás de diez días para solicitar el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral.
