La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, explicó este martes las líneas generales de la nueva Ley de Memoria Democrática con la que se intentará plantear un nuevo relato acerca de la Guerra Civil de 1936 y la represión franquista que se dilató casi 40 años.
Estas son las claves de la nueva ley:
-Incorpora un concepto de víctima de la Guerra Civil y Dictadura franquista, conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos, que es objeto de las medidas de reconocimiento y reparación, así como la declaración y condena del carácter injusto de las violaciones de derechos humanos perpetradas. Condena expresa del golpe de estado y de la posterior dictadura franquista.
-Declara la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos.
-Crea un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
-Reconoce el papel activo y singular de las mujeres españolas como protagonistas de una larga lucha por la Democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido por el hecho de ser mujeres, que, por otra parte, es transversal en todo el texto de la ley.
-Crea instrumentos específicos de articulación de la política de Memoria Democrática, tanto en el ámbito de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales (Consejo Territorial de Memoria Democrática) como en el de la participación y consulta de entidades y la ciudadanía (Consejo de la Memoria Democrática).
-Asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura como una responsabilidad de Estado. Se elaborarán planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas. Se crea un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares.
-Se protegen los de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política, así como se garantiza el derecho de acceso a dichos fondos documentales.
-Se garantiza el derecho a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura; así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución Española.
-Se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos en el periodo entre la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la aprobación de la Constitución Española, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.
-Incorpora medidas de reparación a las víctimas, como la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista o las dirigidas a personas que realizaron trabajos forzados.
-Medidas y acciones en el plano educativo, incluyendo entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, para lo cual se actualizarán los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y los planes de formación inicial y permanente del profesorado.
-Declaración de lugares de memoria democrática y, en particular, la resignificación del Valle de los Caídos, adecuando su régimen jurídico.
-Medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como de distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la Guerra Civil o la Dictadura.
-Medidas dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo.
-Establece un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley.
