El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, aseguró ante los medios de comunicación que la operación Kitchen da para "ilegalizar la PP". Las supuestas maniobras del Ministerio del Interior cuando Jorge Fernández Díaz lo lideraba en contra de sus adversarios políticos.
La mala praxis tanto del ministro en ese momento como de su "número dos", el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explicarían por sí solos la comisión de investigación que ERC, JxCAT, PNV, EH-Bildu, Más País, Compromís, el BNG y la CUP que podrían presentar en los próximos días.
Sin embargo, los dos socios del Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, forzarán una comisión de investigación sobre el caso Kitchen en el marco del presunto espionaje por parte del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la antigua cúpula del PP al extesorero del partido durante 20 años Luis Bárcenas. Los dos partidos de izquierdas acordarán en las próximas horas los términos en los que se solicita dicha petición.
Esta propuesta saldrá adelante por la mayoría de cinco votos del PSOE y Unidas Podemos frente a los cuatro de la derecha en la Mesa del Congreso. Con esta, intentarán que pasen por la comisión la antigua y actual dirección de Génova 13 que abarca nombres como Fernández Díaz; la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro; o el propio expresidente del Ejecutivo y del PP Mariano Rajoy.
Su sucesor, Pablo Casado, ha intentado desvincularse de la antigua dirección del partido. En una entrevista para El Mundo del pasado martes, aseguró que fue "solo un diputado por Ávila" durante los seis años de gobierno de Mariano Rajoy, pero lo cierto es que no es así. Casado ocupaba la vicesecretaría de Comunicación del PP, designado por Rajoy, hasta que le sucedió tras las primarias de julio de 2018 apoyado, por cierto, por Cospedal frente a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
La operación Kitchen en la séptima pieza separada del caso Tándem -que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo- que abrió el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea en noviembre de 2018 y que ahora lleva el magistrado Manuel García Castellón.
La investigación se centra en esclarecer si se creó un perativo dirigido por Villarejo con dinero público procedente de fondos reservados del Ministerio de Interior entre 2013 y 2015 para recuperar información -documentos y grabaciones- comprometedoras para el PP que Bárcenas podría tener en su poder.
“El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular”, reza el magistrado en un auto.
