El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, confía en que las autoridades educativas y sanitarias alcancen esta semana un pacto para establecer unas medidas comunes que sirvan para garantizar un inicio de curso escolar “seguro y homogéneo” en todo el territorio. En su opinión, “las niñas y niños de este país necesitan volver a la escuela y las administraciones tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que este regreso se realice en condiciones de seguridad para alumnos y docentes”.
Fernández Marugán es consciente del difícil contexto en el que tiene que iniciarse el nuevo curso escolar pero insiste en la necesidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación de todos los niños y niñas y dotar de seguridad a los docentes para que puedan desarrollar su “imprescindible” labor pedagógica. Así, ha asegurado que confía “plenamente en que Gobierno y Comunidades Autónomas llegarán al mejor acuerdo para arrancar de la forma más segura y homogénea un curso que obviamente no va a ser igual que el de años anteriores”.
El Defensor también ha pedido pautas claras para que las madres y padres sepan cómo actuar en este “incierto” inicio de curso escolar y recuerda que muchas familias no podrán retomar sus trabajos con normalidad si no se garantiza la apertura de los centros educativos.
Actuación de oficio
Ya en junio, la Institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías autonómicas y con el Ministerio de Educación para conocer sus planes y protocolos de cara al nuevo curso escolar. En concreto, se pidió información sobre posibles obras de ampliación o reforma de las instalaciones escolares; propuestas para la distribución de los alumnos en centros y aulas y medidas relativas a la dotación de personal docente y no docente para la atención educativa de los mismos.
Por otra parte, el Defensor se interesó por las previsiones para, en caso de necesidad, poder asegurar el acceso a la enseñanza no presencial de todos los alumnos y dotar a los docentes de la formación y los medios necesarios para realizar su labor pedagógica a través de medios tecnológicos.
En estos escritos, el Defensor también les trasladaba las quejas de padres y madres que durante los meses que duró el estado de alarma se dirigieron a la Institución para exponer las dificultades que supuso a los alumnos y a sus familias el cierre de los centros educativos en marzo.
En definitiva, el Defensor considera que, tras estos meses y en la situación actual, es “inexcusable” que las autoridades educativas alcancen acuerdos y coordinen sus actuaciones con las autoridades sanitarias a fin de posibilitar el inicio y desarrollo del curso en el modo más favorable para alumnos y alumnas que son los titulares del derecho a la educación.
