La denuncia de Calvente gana peso después del cambio de opinión por parte de la Fiscalía que, por primera vez desde que se inició la investigación, si consideran que hay delito en las cuentas económicas de Podemos. Por esa razón, ya han solicitado al Tribunal de Cuentas una copia de todas y cada una de las irregularidades que han sido detectadas en el partido liderado por Pablo Iglesias relacionados con los gastos electorales para dar explicaciones ante los jueces.
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Miguel Ángel Torres, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, ha solicitado a la institución que le facilite una copia de los documentos en los que quedaría demostradas las irregularidades en las cuentas electorales del partido político Unidas Podemos que corresponden a las elecciones generales que tuvieron lugar en el mes de abril del año 2019. La Fiscalía sostiene que no es suficiente exigir solo responsabilidad contable y ha solicitado esos documentos para poder remitirlos a los “tribunales ordinarios” con el objetivo de que investiguen los presuntos delitos electorales que cometió el partido y por falsedad documental, según un documento firmado por el propio el día 27 de julio.
Es la primera vez que Fiscalía afirma que sí hay indicios de delito en relación al caso de las cuentas electorales de Podemos. La formación liderada por Pablo Iglesias ya ha recibido denuncias en el pasado, pero nunca hasta en este caso ni los jueces ni la Fiscalía habían considerado que había motivos reales para abrir una investigación penal. Pero, ahora, las cosas han cambiado sustancialmente.
El escrito firmado por la Fiscalía responsable del Tribunal de Cuentas confirma la existencia de varios indicios de la comisión de un presunto delito de falsedad de documentación mercantil y un posible delito electoral. Como el mencionado Tribunal no posee competencia para investigar estas infracciones penales, por lo que se solicita un testimonio de varios de los apartados del informe de fiscalización por parte de la contabilidad que tuvo que ser presentado por parte del partido por las elecciones que tuvieron lugar el día 28 de abril del año 2019. El informe llegó a ser aprobado por el Tribunal de Cuentas en el mes de julio.
El fiscal se está refiriendo, en todo momento, a que el Tribunal de Cuentas detectó que la contabilidad que había presentado Unidas Podemos tiene irregularidades, con gastos por “operaciones ordinarias”, por un valor total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no se incluyeron en el gasto electoral y no han sido admitidos, en ningún caso, como susceptibles de ser financiados a través de las subvenciones electorales.
El partido alegó estos gastos como servicios de consultoría que se facturaron previamente al contrato, pero no está acreditado suficientemente su elaboración por parte del propio proveedor. La empresa es Neurona Consulting, con la que ha trabajado Juan Carlos Monedero, ubicado en los países latinoamericanos. Unidas Podemos siempre ha alegado que la consultora era elaboración de las líneas de la campaña electoral, la estrategia y el análisis de los distintos candidatos/as y la producción de todo el material durante la campaña electoral.
Pero, el Tribunal de Cuentas ha rechazado todas estas explicaciones. El informe sobre fiscalidad para la elaboración de las líneas más estratégicas llevadas a cabo durante la precampaña y la campaña que se consideran como servicios de “consultoría estratégica”, como pueden los trabajos de naturaleza “preparatoria” que no se pueden valorar en los conceptos que según la ley electoral son “gastos electorales” (propaganda y publicidad, confección de papeletas y sobre electorales, alquiler de los locales…).
El Tribunal de Cuentas, igualmente, añadió que a pesar de que el partido aportó diseños publicitarios y vídeos realizados supuestamente utilizando el contrato de Neurona, no se ha podido acreditar que fuera este proveedor el que los haya elaborado.
Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha detectado que la filial en España de Neurona fue inscrito en el Registro Mercantil en el día 19 de marzo de año 2019, semanas previas de la fecha electoral, lo que implica que no coincide con su objeto social con las mencionadas prestaciones que fueron contratadas.
La apreciación de indicios de delitos por parte de la propia Fiscalía verifica más la denuncia de José Manuel Calvente, ex-abogado del partido Unidas Podemos, que fue despedido por parte del propio partido, frente a las numerosas descalificaciones de las que ha sido objeto por parte de los propios dirigentes de Podemos.