Amnistía Internacional España denuncia que “las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales”.
La ONG ha mostrado su preocupación ante “la falta de criterios claros en la actuación policial especialmente en el trato con grupos vulnerables o con necesidades específicas” y ante un enfoque “principalmente coercitivo” que no tiene en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones.
En un exhaustivo estudio desde el comienzo del Estado de Alarma, la organización ha documentado casos en los que se han impuesto multas “con un criterio desproporcionado y arbitrario”. Además, esta situación excepcional, que es la pandemia por COVID-19, sucede bajo el marco de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que ha sido duramente criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones desde su aprobación. La llamada Ley Mordaza amplió los poderes de la policía para sancionar sin establecer mecanismos de control.
Javier, multado por llevar agua a personas sin recursos
Amnistía ha recibido testimonios como el de Javier, un jardinero que fue multado en dos ocasiones al intentar llevar comida, agua y un termómetro a un grupo de inmigrantes que vivían en un lugar sin condiciones mínimas de salubridad. Otro testimonio es el de una persona que iba a una farmacia de guardia a comprar una medicina para la epilepsia y sin ningún tipo de comprobación fue multada por estar lejos de casa.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, afirma que "La falta de criterios claros de actuación abre la puerta a que agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan cometer abusos". Situaciones especialmente delicadas cuando hablamos de colectivos vulnerables.
En este sentido, la ONG ha hablado con un padre que fue multado por llevar a su hija, con un grado de discapacidad intelectual del 68%, en coche para hacer la compra. Según lo relatado por esta persona, el agente aseveró "aquí pone que puede andar y que puede caminar, no es Down ni es autista” tras leer el carnet de discapacidad de la hija, que lloraba desde el asiento de atrás. Tampoco sirvió de nada el pañuelo azul que llevaba, signo distintivo de las personas con necesidades especiales que se adoptó durante la cuarentena para que no fueran increpadas por la calle.
853.334 denuncias desde que comenzó el Estado de Alarma
Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio del Interior nuevos protocolos de actuación, una evaluación continua de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como “un sistema de garantías que evite nuevos casos de arbitrariedad”. Entre otras medidas, sugiere vincular la cuantía de la multa a los ingresos de la persona sancionada o la posibilidad de pagar con servicios a la comunidad y la implantación de un mecanismo de recepción de quejas por parte de la ciudadanía.
También ha solicitado la elaboración de informes detallados y periódicos sobre las sanciones con el fin de recabar datos para valorar el impacto de las denuncias, sobre todo en la población más vulnerable.
