El aplazameinto de las elecciones se produce como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado sábado ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19.
Las elecciones, a las que está llamada a participar toda la Carrera Judicial, se fijaron por la Comisión Permanente (que actúa en funciones de Junta Electoral) para los días 28 y 29 de abril y la proclamación de los nuevos miembros de la Comisión de Ética para el 30 de abril.
El proceso electoral comenzó el 21 de febrero y a día de hoy, se encuentra en el plazo de proclamación de las candidaturas, que abarca del 2 al 20 de marzo.
Los tres miembros son el Presidente de la Comisión, Ignacio Sancho Gargallo; Gonzalo Sancho Cerdá y Teresa García Villanueva, en las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez, respectivamente.
El Decreto con el que el Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo prevé "la suspensión de plazos procesales y administrativos". En aplicación de dicho Decreto, la Comisión Permanente acordó "mantener exclusivamente los servicios esenciales de la Administración de Justicia, garantizando las actuaciones concretas acordadas por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado".
En la actual situación, la Comisión Permanente considera que el proceso electoral "no puede desarrollarse en las condiciones deseables y exigibles y de conformidad con lo dispuesto" en los Principios de Ética.
En consecuencia, acuerda "suspender el proceso electoral hasta la pérdida de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o, en su caso, hasta la prórroga del mismo".
En el momento en el que cese la situación de alarma sanitaria, la Comisión Permanente dictará un nuevo acuerdo reanudando el proceso electoral.
