El Consejo de Ministros aprobará este viernes, 7 de julio, una oferta de empleo público de casi 20 plazas. Se distribuyen en una oferta ordinaria de 10.318 plazas de libre ingreso en la Administración General del Estado y la Administración de Justicia para 2017, y otras 5.350 plazas de promoción interna, así como otra oferta de empleo público extraordinaria de 4.285 plazas de nueva creación para 2017 y 2018 en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, inspección laboral, oficinas de DNI y DGT.
Concretamente se aprobará un decreto con una oferta de empleo público ordinaria para 2017 de 10.318 plazas de libre ingreso, de las que más de 7 serán de reposición para la Administración General del Estado (AGE), la mayor oferta desde 2008, y más de 3 para la Administración de Justicia (unas 2.600 plazas para consolidar empleo y 760 para reposición), según las últimas cifras consensuadas entre los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) con Hacienda al término de la reunión celebrada ayer entre ambos en el marco de la Mesa General de Negociación de la AGE.
Todas son plazas de ingreso libre, según indicó el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias. También se aprobarán alrededor de 5.350 plazas de promoción interna, que en la mayor parte irían incluidas en la oferta de empleo pública ordinaria, y que supondrá un incremento de entre el 25% y el 40%.
Además, el Consejo de Ministros dará luz verde a un Real Decreto Ley con otra oferta de empleo público extraordinaria de 4.285 plazas de nueva creación para 2017 y 2018, que tendrá que ser convalidado el próximo martes de forma urgente en el Congreso y que cuenta ya con el respaldo parlamentario suficiente.
Estas nuevas plazas irán destinadas a sectores prioritarios “deficitarios”, como son la Agencia Tributaria, Seguridad Social, SEPE, el Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) y a la Inspección de Trabajo.En total, la tasa de reposición de vacantes se situará finalmente en torno al 120%, con lo que se crean empleos netos por primera vez desde 2008. La suma de las plazas de la oferta ordinaria, la extraordinaria y las de promoción interna daría un total 19.953 plazas, si bien este número podría variar a falta de su concreción.
Actualmente, el empleo público de la Administración General del Estado supone el 8,27% del empleo público total de todas las administraciones públicas, con unos 208 efectivos.
Tras firmar el acuerdo, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, destacó el “clima de consenso y diálogo” de la reunión y la “flexibilidad” de las organizaciones sindicales para conseguir la firma de este “importante” acuerdo, que supone el primero en materia de empleo público de la última década.
Por su lado, el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, valoró que el acuerdo al suponer un “punto de inflexión”, con una oferta de empleo público que genera “empleo neto” y en la que se abordará la situación “precaria” de algunos servicios públicos deficitarios, como examinadores de tráfico, oficinas de DNI con retraso de más de tres meses y oficinas de empleo.
Iglesias destacó que se cumple acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo, que contemplaba una OEP de 67 plazas para este año y un plan de estabilización de más de 250 plazas de interinos en tres años, y que supone una mejora de empleo y se abre la “expectativa importante” de promoción interna.
Una vez se ha “avanzado” en la mejora de los servicios públicos, Iglesias considera que toca registrar mayores incrementos en el salario de los empleados públicos, por lo que ha pedido la convocatoria de la Mesa General para iniciar la negociación de las retribuciones para 2018.
Mientras, el portavoz del área de servicios públicos de CC.OO., José Manuel Vera, subrayó que hay un “reconocimiento” del Gobierno de sus demandas, aunque ha criticado que el proceso de negociación ha dejado “bastante que desear”, al no contar los sindicatos con ningún documento.
Del mismo modo, el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, calificó de “acuerdo histórico” el consenso alcanzado y ha resaltado que será “muy positivo” porque es “satisfactorio para todas las partes”, al crearse empleo neto, cambiando la tendencia de la última década, en la que se arrastra una pérdida de empleo neto en la AGE del 15%.
Según los sindicatos, también se aborda la creación de un cuerpo de tráfico para afrontar el problema de examinadores, que se incluirá en el decreto, y otro nuevo cuerpo de gestión en el Servicio Público de Empleo (SEPE), que debe ser incluida en la oferta extraordinaria con las plazas que llevarán aparejadas, en el caso de examinadores de tráfico, una promoción de 435 funcionarios de C2 al nuevo cuerpo de escala C1.
Dentro de la oferta extraordinaria se contemplan para la Agencia Tributaria unas 2.100 plazas para la lucha contra el fraude, y el resto para combatir el fraude laboral, el SEPE y ámbitos “críticos” del Ministerio del Interior, con 150 nuevas plazas para las oficinas de DNI, entre 40 y 60 examinadores de Tráfico y entorno a 560 en el ámbito de la Seguridad Social en dos años.
Igualmente, la tasa de reposición rondaría en torno al 120% en total, mientras que la promoción interna de entre 5.350 y 5.300 plazas supondría un aumento de entre un 25% y un 40%. De estas. 5.050 se incluirían en la oferta de empleo público ordinaria, mientras que las restantes 450 irían en la extraordinaria.
