Los accionistas del banco Popular se están movilizando ya para emprender acciones judiciales contra la entidad financiera, ya que consideran que los gestores han cometido una estafa al ocultar la situación real del banco. Además, sospechan que ha habido comportamientos dudosos en las últimas horas porque algunos paquetes de acciones fueron vendidos masivamente antes de la intervención del FROB europeo.
En Galicia, por ejemplo, la asociación ACOUGA ya ha anunciado movilizaciones ante este nuevo posible fraude bancario. La entidad advierte que la compra de acciones del banco Popular en la ampliación de capital social de 2016 por parte de los clientes minoristas debe ser considerada nula.
Esta asociación anuncia a las personas afectadas por la operación de absorción del Santander, en la que han perdido el 100% del valor de sus acciones, que su gabinete jurídico estudiará cada caso para reclamar finalmente la nulidad de la compra de esas acciones.
La amplicación de capital social que aprobó el banco hace un año colocó un capital de 2.500 millones de euros. En opinión de los asociados de ACOUGA la suscripción de dichas acciones son “nulas de pleno derecho”, o al menos esperan demostrar que lo son, en un juicio que inicialmente debe activarse mediante una demanda civil. Algunos letrados incluso creen que podría llegar a estudiarse si las consecuencias también podrían ser de tipo penal, si, llegado el caso, los afectados promueven acciones judiciales contra los máximos gobernadores del banco Popular que fueron los responsables de impulsar una operación de ampliación que tendría vicios ocultos.
El abogado Xoán Antón Pérez-Lema, experto en la resolución de fraudes bancarios afirma que lo que ha ocurrido en las últimas horas es “una venta forzosa”. De hecho es la primera que se realiza en Europa, promovida mediante un mecanismo de rescate impulsado por el FROB europeo, para conseguir evitar la quiebra del banco. Pérez-Lema añade un elemento más para considerar fraudulenta esta operación forzosa y que finalmente apuntaría a la nulidad del conflicto financiero. “La resolución de una entidad en crisis contó con la aquiescencia del Gobierno del Estado, de la Comisión Europea y con la autorización del Banco Central Europeo”, sostiene el letrado.
La asociación ACOUGA recomienda a los damnificados por esta absorción que se reúnan en el mayor número de afectados posible y a “ejercer, antes de 4 años, una demanda de nulidad por vicio de consentimiento”. Así lo aconsejan ya que los pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital hace un año van a perder el total del dinero que han invertido. Los accionistas, por otra parte, según el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, se han fiado de una Información contable falsa de ahí que la operación se habría gestados con un vicio oculto que, de saberse, no habrían invertido o, si lo hubiesen hecho, sería a sabiendas de un riesgo patente.
Pérez-Lema considera que en la venta de esas acciones “se produjo un error sustancial en la contratación porque se engañó al comprador”, toda vez que el propio Banco Popular había afirmado entonces que con la suscripción íntegra de esa ampliación “tendría sus objetivos totalmente cubiertos”, advierte.
El Popular, según sostienen desde ACOUGA, “aportó una información sobre los estados contables de 2015 y el avance de 2016 que era absolutamente falsa”, por lo que el valor por el que se ha vendido la entidad al Banco Santander sería ilegal. En realidad, apunta la asociación, el valor de un euro es simbólico porque la verdad del valor contable es que la acción del Popular debería de partir de números rojos ya que el Santander plantea una operación de ampliación de capital social de 7 millones de euros. “Ahora resulta que el banco valió sólo un euro pero vale menos 7 millones de euros, que es lo que tiene que poner ahora el Santander para sanearlo”, sostienen desde la asociación ACOUGA. Para el letrado, se trata de un “error sustancial y absolutamente inexcusable, porque fue información que pasó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”, recuerda. “Entendemos que todas esas compras no contaban con información veraz y, por tanto, son nulas de pleno derecho”, insiste.
ACOUGA aconseja, a los accionistas que no lograron ponerse a salvo a tiempo, que reúnan toda la información contractual y busquen asesoramiento legal para que, llegado el caso, presenten las oportunas demandas civiles en los juzgados de Primera Instancia. En cuanto a la contratación de acciones por otras ampliaciones de capital anteriores la esa fecha, Pérez-Lema señala que “habrá que estudiar muy detalladamente la información que en su día se les otorgó, y si se considera que pudo ser errónea, podría también reclamarse su nulidad”, explica.
