Al comunicado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia le ha seguido otro en un tono muy parecido de la Unión Progresista de Fiscales, pero este centrado en la forma de proceder de la Fiscalía y su máximo representante, que sólo lleva en el cargo seis meses.
La impresión es que una buena parte del mundo de la judicatura se ha puesto en pie de guerra en el mismo fin de semana. En un tono de indignación muy parecido, y muy significativo, justo después de que se precipitasen los acontecimientos con la dimisión de su colega, el fiscal anticorrupción Manuel Moix, que también ha sido repudiado en el Congreso de fiscales progresistas.
Si la asociación, recién bautizada, Juezas y Jueces para la Democracia emitió un comunicado este fin de semana después de su 32º Congreso en Lleida, ahora la asociación progresista de fiscales ha elaborado un densísimo y crudo escrito de conclusiones, que también acaba de cerrar su 32º Congreso, y que se organizó en León. De este Congreso se ha hecho eco el portal de noticias jurídico gallego DXustiza, dirigido por Enrique Ron. ColumnaCero ha recogido los documentos de los que les ofrecemos las principales conclusiones centradas en las acusaciones al Gobierno de Mariano Rajoy por injerencias e influencias en la judicatura española, que se supone debe ser independiente del poder ejecutivo.
En el documento de conclusiones se desgrana la visión de los fiscales en quince puntos diferenciados por diversas temáticas. Al final del documento se reservan la parte mollar de las críticas, ya que uno de los capítulos desglosados se titula «Conclusión sobre el Fiscal General de Estado y el Fiscal Jefe Anticorrupción». Los fiscales progresistas piden la dimisión de su máximo rector. Según dicen el comunicado «el Congreso en pleno de la Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la dimisión del Fiscal General del Estado –José Manuel Maza Martín– como consecuencia del nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por el menosprecio a los principios básicos de actuación del Ministerio Fiscal y por poner en grave riesgo el funcionamiento de esta Fiscalía, pionera en Europa en la persecución de los delitos de corrupción», firman en pleno los fiscales que asistieron a su 32º Congreso.
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Los fiscales manifiestan su apoyo incondicional a la fiscalía anticorrupción y del mismo modo rechazan lo que llaman «intolerable injerencia del ejecutivo en actuaciones concretas de la Fiscalía Anticorrupción», afirman. Por eso, los fiscales analizan el reciente comportamiento del fiscal anticorrupción, Manuel Moix. «Reprobamos el nombramiento por el Fiscal General del Estado de Manuel Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción por su inexperiencia en materia de lucha contra la corrupción frente a otros candidatos y por el previo conocimiento por el Fiscal General de las conversaciones telefónicas posteriormente divulgadas que ponen en cuestión la necesaria e imprescindible ecuanimidad y apariencia de imparcialidad del Sr. Moix», explican los fiscales firmantes.
No es la única reprobación que hacen los fiscales progresistas ya que aseguran que, tras haberse conocido el contenido de las grabaciones en las que Eduardo Zaplana, ex ministro, e Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, maquinaban en favor de Moix para que parase las investigaciones que cercaban la presunta culpabilidad del ex presidente madrileño. Los fiscales dicen sentirse «perplejos» al comprobar cómo Maza finalmente se decantó por Moix para darle la responsabilidad y la competencia como titular de la fiscalía anticorrupción, aun sabiendo que las grabaciones delataban las preferencias de dos altas personalidades de la política española. «Reprobamos la “perplejidad” manifestada por el Fiscal General del Estado en sede parlamentaria porque representantes de la Unión Progresista de Fiscales conocieran el contenido de las conversaciones telefónicas en las que un investigado -actualmente en prisión provisional- apostase por el Sr. Moix para la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Recordamos a José Manuel Maza que los “señores” que le transmitieron por lealtad institucional esa noticia eran Fiscales, algunos de ellos representantes de toda la Carrera Fiscal en cuanto vocales electos del Consejo Fiscal», expresan los fiscales.
Tampoco están de acuerdo desde la Unión de Progresistas Fiscales con el ejercicio de responsabilidades de Moix al que, a pesar de haber dimitido, reprueban de igual forma que han hecho con su máximo responsable, el Fiscal General del Estado. Así, dicen también que reprueban «la aceptación y asunción por el Fiscal General del Estado de la forma en la que el Sr. Moix ha ejercido hasta ahora sus funciones como Fiscal Jefe, de su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso “Lezo”, del trato dispensado a uno de los Fiscales encargados del asunto tras la invocación del artículo 27 del EOMF y de su escasa prudencia en la toma de decisiones en el seno de una Fiscalía caracterizada hasta la fecha por la moderación de los anteriores Fiscales Jefe. Censuramos la demostración que ambos han realizado de su concepción del principio de dependencia jerárquica en el Ministerio Fiscal y del modo de gestionar una Jefatura en Fiscalía».
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En su extenso análisis de reprobación a Maza y Moix, critican que la Fiscalía no haya tenido un papel más reactivo una vez que se había iniciado el operativo del caso Lezo, o que trascendiese el contenido de las grabaciones en las que Moix aparecía señalado como preferido por uno de los presuntos corruptos, que trataba de acelerar sus contactos para lograr influir en las instituciones del Estado para que Moix fuese designado al frente de la fiscalía anticorrupción . Además, el propio Moix fue recusado por los fiscales sobre los que tenía poder al pretender que la Guardia Civil no realizase alguno de los registros previstos en casa de Ignacio González. «Reprobamos la ausencia de reacción institucional del Fiscal General del Estado una vez conocida la información por la opinión pública, lo que no ha hecho sino acrecentar el daño a la imagen y credibilidad de toda la Fiscalía del país, integrada por magníficos profesionales que con dignidad, mucho empeño y pocos medios ejercen su función constitucional como servidores públicos en defensa exclusivamente de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Los fiscales progresistas no dejan pasar por alto el 16 de mayo, la fecha en la que el Congreso por mayoría votó la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los fiscales Maza y Moix. «Reprobamos la indiferencia y el desprecio exhibido por el Fiscal General del Estado, máximo representante de todos los Fiscales, ante un hecho insólito en la democracia española: su expresa y pública reprobación por una extraordinaria mayoría absoluta de los representantes de la soberanía nacional reunidos en el Pleno del Congreso de los Diputados», recuerdan.
Por último, en el capítulo de reproches los fiscales no se olvidan de la sociedad offshore de la que es copropietario Manuel Moix. Los fiscales no entienden por qué Maza no había encontrado motivos para aceptar la dimisión del fiscal anticorrupción y que incluso trates de convencerle para que no dejase su cargo, tal y como manifestó públicamente. Califican de «burla» dicha defensa a la vez que califican la forma de proceder de Moix de «secretismo financiero». Así lo expresan por escrito los fiscales. «Reprobamos la actuación del Fiscal General del Estado tras conocerse públicamente que el Fiscal Jefe Anticorrupción era copropietario de una sociedad offshore radicada en Panamá, país que -pese a no ser reconocido por España como paraíso fiscal- es un innegable estado de opaca jurisdicción con elevado índice de secretismo financiero. Censuramos las manifestaciones realizadas por el Fiscal General del Estado en las que señala no encontrar motivo alguno para cesar a Manuel Moix, que no ha podido convencerle para mantenerse en el cargo y que sería de justicia que siguiera ejerciendo sus funciones como Fiscal Jefe Anticorrupción. Manifestaciones como éstas son una burla a la Carrera Fiscal y a toda la sociedad española», critican con dureza.
De esta forma, la organización progresista de fiscales concluye que deben solicitar de forma urgente la dimisión de su jefe al frente de toda la fiscalía. «La Unión Progresista de Fiscales reclama la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado por su demostración de falta de capacidad, objetividad y libertad de criterio, ejercicio de tan alta responsabilidad constitucional», califican sus subordinados. Como señal de fuerza, subrayan que la solicitud de dimisión ha sido aprobada por todo el Congreso de la Unión de Fiscales Progresistas basado en la confianza que el fiscal Maza depositó sobre un fiscal bajo sospecha, alegando además que se ha puesto en grave riesgo el funcionamiento de la institución. «El Congreso en pleno de la Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la dimisión del Fiscal General del Estado –José Manuel Maza Martín– como consecuencia del nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por el menosprecio a los principios básicos de actuación del Ministerio Fiscal y por poner en grave riesgo el funcionamiento de esta Fiscalía, pionera en Europa en la persecución de los delitos de corrupción».
El tono y la dureza de la crítica es muy similar al empleado horas antes por la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia. La coincidencia en el tiempo y en la forma indica el estado de alerta y el revuelo que hay en el seno de la justicia española.
Además del extenso capítulo dedicado a Maza y Moix, los fiscales no han dejado libre de crítica al máximo responsable político de la Justicia española en el Ejecutivo, Rafael Catalá. Los fiscales progresistas piden su dimisión e incluso su destitución como ministro si este no renuncia a su cargo tras los hechos acaecidos en los últimos meses. «Recordamos que desde la designación de Rafael Catalá como ministro en septiembre de 2014 la más alta dirección de la Fiscalía española ha adolecido de la aconsejable estabilidad que requiere un cargo de tamaña relevancia constitucional. En menos de tres años el Ministerio Fiscal ha estado liderado por tres Fiscales Generales distintos. El primero –Eduardo Torres-Dulce– dimitió precipitadamente bajo el pretexto de motivos personales que no hicieron sino alimentar las sospechas sobre sus verdaderas razones ante las patentes discrepancias con el Gobierno. La segunda –Consuelo Madrigal– no fue renovada en el cargo, pese a la previa confirmación pública del ministro sobre su continuidad, avivando así los recelos sobre si su no reelección podría estar relacionada con algunos nombramientos pendientes en el seno de nuestra institución. Y el tercero –José Manuel Maza–, quien, a pesar de su desconocimiento de la Carrera Fiscal, tuvo el encargo de renovar varias jefaturas, entre otras las de las Fiscalías Especiales de la Audiencia Nacional y contra la Corrupción, siendo el primer Fiscal General del Estado reprobado en democracia por el Parlamento de la Nación», recuerdan una parte de los fiscales españoles.
Los fiscales califican de «entrometido» al ministro y al que acusan de actuar de forma «ilegítima». Dicen los fiscales progresistas que «el continuo trasiego en la más alta jefatura de la Fiscalía y las conversaciones telefónicas judicialmente intervenidas que se han hecho públicas y que revelan conspiraciones entre destacados políticos para mover las “piezas” de la cúpula de la Fiscalía ponen de manifiesto la concepción que del Ministerio Fiscal tiene el actual Ministro de Justicia, quien en su intolerable afán de ilegítimo entrometimiento ha llegado, incluso, a reprochar públicamente el criterio jurídico de las Fiscales encargadas de la llevanza de la operación “Púnica” o a verbalizar ante los medios de comunicación que la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno», continúa el escrito de conclusiones de los fiscales.
Si luna parte de os jueces explicaban desde Lleida que la autonomía de la justicia estaba comprometida por las acciones del Ejecutivo y de los máximos responsables del órgano judicial, los fiscales también hacen causa común en este sentido. Consideran que es «escandaloso e intolerable». Por ahí llegan los reproches a Rafael Catalá al que acusan también de inventarse un sistema de plazos que entorpece la acción de la justicia. «No solo este escandaloso e intolerable desprecio del Ministro de Justicia por la autonomía de la Fiscalía es objeto de reproche por la Unión Progresista de Fiscales. Su insaciable afán reformador, revestido de un falaz espíritu de consenso, nos ha brindado dos aciagas invenciones: un sistema de plazos de instrucción, censurado por su riesgo de impunidad por la Comisión Europea y una amplia mayoría de los operadores jurídicos, y una plataforma de intercambio de información –LexNet– que, en lugar de modernizar la Justicia de nuestro país, entorpece la labor diaria de los profesionales del Derecho», zanjan los fiscales.
El escrito de conclusiones de 18 páginas, termina explicando que «ante el deterioro ocasionado en el funcionamiento y la propia imagen del Ministerio Fiscal por un Ministro de Justicia que ha sido reprobado por una extraordinaria mayoría absoluta de los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, la Unión Progresista de Fiscales reclama públicamente la dimisión o cese de Rafael Catalá Polo como Ministro de Justicia del Gobierno de España», exigen los fiscales.
