Mientras se suceden las imágenes de todas las localidades donde nieva en España y el manto blanco cubre carreteras y paisajes, más de 5000 familias subsisten en la precariedad eléctrica extrema o sin electricidad, por no poder hacer frente al pago del suministro. Son una parte de los más de 10 millones de ciudadanos que en este país padecen la pobreza energética (4,6 millones, incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno; 5,4 millones en pobreza energética escondida y 900 con retrasos en el pago de la factura mensual); más del 20% de los 50 millones que se estima hay en Europa. Una Europa que va a imponer, a este país, normas reguladoras que acaben con el oligopolio de los 5, que suman beneficios anuales (2018) de 3.400 millones, a la par que reciben subvenciones gubernamentales, que salen del bolsillo de todos.
La portona giratoria
Las 5 compañías eléctricas son: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo, dueñas del 95% de un mercado que se comen las 3 primeras. Detrás de esas marcas están quienes dictan el precio de la luz y las normas, amparadas en la privatización concedida por José María Aznar (1996) y una legislación hecha a su medida, para estafar a sus clientes, a la sazón, los que les mantienen el millonario negocio, en el que han estado a sueldo sus grande benefactores: Aznar (PP), Pedro Solbes (PSOE), Elena Salgado (PSOE), Ángel Aceves (PP), Josep Borrell (PSOE), y Felipe González (PSOE), entre el medio centenar de políticos electos, a los que han tenido y tienen en nómina.
El escándalo
En España hay unas 300 distribuidoras eléctricas, de las que 5 pertenecen a las 5 compañías citadas; Endesa e Iberdrola suman 22 millones de clientes, de los 29 que hay, a los que les han subido el recibo de la luz, desde 2009, un 60%. El escándalo del sobrecoste sobrepasa las fronteras nacionales y, por ejemplo, Portugal muestra sus sospechas de manipulación de los precios, de este mercado que comparte con España; inquietud que puso de manifiesto a la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER); un escándalo mayúsculo que, a la vez que Mariano Rajoy firmaba una reforma laboral sangrienta (que dejó a millones de trabajadores en el paro), aprobaba una subida de la luz del 7% (en abril) y del 4% (en mayo), en 2012, que se añadían al 70% de subidas acumuladas entre 2006 y 2011.
Los primeros
España es el quinto país con la electricidad más cara, detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda; y el primero en el recibo del gas; un liderazgo que también ostentó, en 2018, entre las subidas europeas de la luz: de una media de 21,8 € por cada 100 kWk, a 24,8 €, (+ 13,8%), en datos de Aura energía.
El parche del bono social
Incapaces de ejecutar una regulación de los precios de las distribuidoras y comercializadoras, se creó el bono social de la luz (José Luis Rodríguez Zapatero, 2009), tan mal planificado que, 8 años más tarde, el Tribunal Supremo anuló “el mecanismo de financiación del bono social de la tarifa eléctrica”, y obligó al Gobierno a cambiar la ley, y pagar 500 millones a las eléctricas (2016) y 200 millones hace 2 años (2017). Entonces, esta ayuda creada para rebajar un 25% -40% de la factura a las familias más vulnerables, no estaba vinculada a la renta del solicitante, por lo que se beneficiaron muchos sin necesitarlo y quedaron fuera muchos con necesidades perentorias. Los aprovechados fueron 2.500 ciudadanos, con un coste de 200 millones de euros. Con sentencia firme de la más alta instancia, llegó José Manuel Soria (PP) y la lío más aún si cabe: volvió a favorecer a las eléctricas y restableció que su obligación de amparar a sus clientes con el bono social, lo pagara el Estado y no ellas, como habían asumido en su compromiso con Miguel Sebastián (PSOE), ministro que rubricó el bono, a cambio de no devolver los millones que habían cobrado por derechos de emisiones de CO2.
Un poco de orden
Con tales desaguisados organizados por los gestores del dinero público, en septiembre de 2018 (Pedro Sánchez, PSOE), entró en vigor una reforma del bono en la que sí se tiene en cuenta la renta familiar, se amplía hasta 4 meses el tiempo de impago, para evitar el corte de la luz, y en los casos de mayor necesidad, contar con el suministro gratuito. Todo, con el compromiso de asumir el 50% de la factura, por parte de la administración competente. Y, ahora ¿quién paga el coste del bono social de la luz? Pues, esos 200 millones de euros estimados, en teoría, las 5 grandes eléctricas, en un 92,8%; en la práctica, todos sus clientes, a los que les repercuten ese coste, al viejo estilo de la banca. El bonos social es un parche que poco arregla, cuando el problema central está en la escasez de dinero de las familias, encarceladas en salarios de 900 euros; un SMI que debían aplicarse los pésimos gobernantes que se llevan sus 12 o 15 euros todos los meses, por hablar en los parlamentos de clases de costura, por ejemplo.
