La sociedad mixta Madrid Calle 30, su situación económica financiera y la incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento ocupan desde este lunes una comisión de investigación. La gestión de la empresa, que ha sido seriamente cuestionada por la Cámara de Cuentas, y los indicios de irregularidades detectados ocuparán a los representantes de cuatro grupos municipales a lo largo de tres sesiones.
El que fuera alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, figura en la lista de personas que serán llamadas a comparecer en la comisión. También Manuel Cobo, vicealcalde y, secretario firmante del acuerdo de Junta de Gobierno para el reequilibrio de Madrid Calle 30 de 2011, Juan Bravo, ex concejal de Hacienda o Antonio De Guindos Jurado, presidente de Madrid Calle 30, recibirán la invitación a comparecer.
Presidencia y composición de la comisión
El socialista José María Dávila ocupará la presidencia de la comisión, mientras que Esther Gómez, del grupo Ahora Madrid, ostentará el cargo de vicepresidenta.
La comisión de investigación, creada por acuerdo plenario del pasado mes de febrero, cuenta con la participación de los cuatro grupos municipales.
Esther Gómez, Carlos Sánchez Mato, José Manuel Calvo y Pablo Soto participan en representación de Ahora Madrid. En el caso del Partido Popular acuden José Luis Martínez-Almeida, Álvaro González, Percival Manglano y Jesús Moreno. José Manuel Dávila y Mercedes González (sustituida por Ramón Silva en la sesión constitutiva) representan al grupo socialista en la comisión, mientras que Miguel Ángel Redondo lo hace en nombre de Ciudadanos.
Sesiones
La Comisión investigará la gestión de Madrid Calle 30 a lo largo de tres sesiones el 6 de junio, 4 de julio y 12 septiembre. Se ha puesto a disposición de los grupos municipales que participan en este órgano la documentación necesaria para analizar el modelo y las prácticas de esta empresa mixta. La documentación también es accesible al público a través del Diario del Ayuntamiento.
La primera sesión estará centrada en la ejecución de las obras: Proyectos de ejecución (modificados, complementarios…), impacto ambiental, afección durante las obras a los vecinos, plazos de ejecución y presupuestos, deficiencias de las obras, constitución inicial de la sociedad y justificación económica del modelo elegido serán abordados por los miembros de la comisión y los comparecientes.
En el caso de la segunda sesión se analizará el desarrollo societario y los reequilibrios económicos: La constitución como empresa mixta, las repercusiones económicas para las arcas públicas, los importes de modificado o los SWAP estarán en el centro de atención de esa sesión.
La tercera sesión atenderá al mantenimiento y explotación de la M30: Estudiará para ello la comisión de vigilancia y seguimiento, la tramitación del modificado de 2007, las carencias detectadas, la factura de la luz, las auditorías semestrales y el seguimiento del contrato llevado a cabo.
Gestión cuestionada por la cámara de cuentas
El pasado mes de diciembre la Cámara de Cuentas, órgano independiente de control cuestionó en un informe final que la privatización del modelo de gestión de Madrid Calle 30 no viniera acompañada de los necesarios estudios técnicos, jurídicos y financieros.
Este órgano independiente de control planteó además que el pago anual al socio privado no está calculado en función de un estudio económico de viabilidad del servicio, concluye el documento, sino a una rentabilidad fija del 7,053%. Cuestionó el mantenimiento del préstamo subordinado de la sociedad adjudicataria por su coste excesivo.
También mencionó en el informe que el Ayuntamiento asume los costes del suministro eléctrico de la infraestructura, a pesar de que según el pliego de cláusulas administrativas debería hacerlo el socio privado
140 millones anuales hasta el año 2040
La empresa Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, con el 80% del capital, y por un socio privado, que cuenta con el 20% restante. El Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 (única fuente anual de ingresos de la sociedad), de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento de Madrid.
Antecedentes
El 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio por el que la titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalación M-30 y una serie de tramos viarios de funcionalidad ligada a la M-30 pasaban a ser de titularidad municipal. El Pleno del Ayuntamiento del 23 de diciembre de 2004 acordó la prestación de dicho servicio público mediante la forma de gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta.
En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA (formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación SA). Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
La sociedad se fundó inicialmente para construir los túneles de la M-30, de forma que el coste de estas grandes obras no computaron como deuda municipal. El objeto social y la actividad principal incluyen la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras y espacios relacionados. La sociedad ya no tiene deuda, subrogada en 2011 al Ayuntamiento, aunque sigue funcionando con el diseño mercantil inicial.
