La culpable de que el Tribunal de Cuentas haya confirmado que la formación Unidos Podemos, integrada por Podemos, Izquierda Unida, Equo y otros partidos más, se hayan saltado la ley electoral sobre el uso de cuentas electorales, ha sido la deuda contraída con los proveedores de la formación que ha alcanzado un total de 566.165.07 euros, que todavía están sin abonar en su totalidad, meses después de la celebración de las elecciones.
La cuenta electoral de Unidos Podemos se quedó en un total de 1.870,98 euros, fondos insuficientes para cubrir la totalidad de la deuda contraída por lo que tuvo que hacer frente al pago mediante el uso de una cuenta corriente ordinaria o a través de nuevos recursos, lo que vulnera la LOREG o Ley Electoral General. De todos modos, el informe del Tribunal de Cuentas considera que, pese a la vulneración de la ley, esto no impide que la formación pueda optar a las subvenciones electorales correspondientes.
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No son las únicas formaciones vinculadas a Podemos que han presentado un balance resultante en deudas a los proveedores. La confluencia “A la Valenciana” formada por Comporomís, Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) presentó unas cuentas con deudas que ascendían a 260.908’19 euros y una cuenta electoral con 429’38 euros. De este modo también tuvo que saltarse la LOREG para efectuar el pago, ya que este tuvo lugar fuera de la contabilidad electoral fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Además pagó fuera de plazo un gasto correspondiente a 121’6 euros. Lo mismo ocurre con En Marea que pagó una cuenta pendiente de 285 euros con una cuenta no destinada a gastos electorales. Además la confluencia de Podemos en Galicias, abonó fuera de plazo un importe total de 33.640’14 euros una vez transcurridos los 90 días al de la votación, lo que es el plazo establecido por la LOREG para hacer frente al pago de las deudas contraídas.
“A la Valenciana” volvió a incumplir la Ley Electoral mediante el pago de gastos con cargo a cuentas no electorales por un importe de 4.455’37 euros y declaró como gastos por envío de propaganda electoral 18.101’82 euros que correspondían al reparto de publicidad por buzoneo y que Tribunal de Cuentas reclasificó en el cómputo de gastos.
