Fraude empresarial de más de 10 millones cometido por 39 empresas

Hay 30 detenidos y 27 investigados, en una operación de la Policía Nacional contra el fraude a la Seguridad Social. Se han investigadas 39 empresas por defraudar 10.597.837 euros.
Edurne García Ordóñez
España
24.03.2017
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social. Han sido investigadas 39 empresas sospechosas de defraudar 10.597.837 euros al erario público, por el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones de desempleo. Entre los implicados se encuentran los administradores de las sociedades mercantiles y personas que parece que colaboraron para materializar los delitos.

En 13 provincias

Las investigaciones comenzaron en junio, tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia. En total se investigaron 39 sociedades mercantiles, por el impago sistemático de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto de las cuotas de los trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa.

No pago, pero cobro

Se ha constatado la nula voluntad de los empresarios en negociar con la TGSS el pago de estas obligaciones y las incomparecencias sistemáticas de los responsables de las entidades a los requerimientos y citaciones de las inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Impago sistemático de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social

En alguna de estas empresas se detectó cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente tuviesen relación real con las empresas, y que dichas altas “ficticias” se llevaron a cabo para cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo sin que tuviesen derecho a ella.

Un ‘carro’ de delitos

Por el momento los investigadores han esclarecido 10 delitos contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones; 4 delitos de frustración en la ejecución; 26 delitos de falsedades documentales; 4 delitos contra los derechos de los trabajadores; 1 delito de malversación de caudales públicos y 1 delito de pertenencia a organización criminal; habiendo destapado además un fraude de 10.597.837euros al erario público.

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