Por primera vez la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha reunido con el Gobierno de España, lo que ha sido valorado de forma positiva por la asociación.
El ejecutivo se ha visto favorable a colaborar con los afectados pues el Ministerio de Fomento expresa la voluntad de “ser sensibles a las reivindicaciones de este movimiento ciudadano que tantos años lleva luchando en defensa del derecho a una vivienda digna”.
Además, la PAH ha conseguido que el Gobierno se disponga a estudiar la posible inconstitucionalidad que pueda afectar a las leyes de vivienda de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el ministro Ábalos, les ha trasladado la hoja de ruta de la presidencia que pretende dar un “giro social a la política de vivienda en España”.
Recurso de inconstitucionalidad
La asociación presentó en 2013 un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2013. La queja se articula en seis motivos debido a que la ley:
–No da valor alguno a la interpretación de los jueces, es fija, sin importar el contexto de cada caso, lo que, según la PAH, choca con el derecho a la vivienda establecido en la Constitución. Esto supuestamente también arremete contra el artículo 18 de la máxima norma española, pues se sobreentiende que se para entrar a un domicilio privado se necesita la autorización de un magistrado que valore, justifique y motivo dicha acción. La protesta no solo se centra en la ley suprema del país, sino que hace referencia también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual establece que no se puede desalojar forzosamente a personas en situaciones degradantes como la exclusión social o que no se adopten las medidas necesarias para no arremeter contra los derechos de las personas.
-Sólo aprueba una moratoria de lanzamientos y una reestructuración de la deuda si en el domicilio hay menores de tres años, una cifra que consideran arbitraria sin fundamentos objetivos y que no impide que numerosas familias con menores acaben desahuciadas.
-Promueve con el sector financiero un fondo social de viviendas para personas desalojadas de su hogar habitual. Pero, al no establecer ni plazos, ni condiciones de arrendatario, ni instrumentaliza la forma de su ejecución, acaba en una mera propuesta.
-Da la posibilidad a los jueces de apreciar las cláusulas abusivas, pero no es obligatorio. Además, no se notificó las reformas de la norma por todas las vías necesarias, limitándose a la publicación del BOE, quedando desinformadas las personas que estaban llevando el trámite en dicho momento.
-Sólo permite la apelación a la parte acreedora, por lo que se produce una situación desigual dando más herramientas a la parte más fuerte que niega a la más débil.
-La ejecución del desahucio se traslada de los jueces a los notarios, lo que provoca una rapidez del proceso provocando una indefensión de los afectados.
Por todo ello, consideran que la dicha la ley se confronta de forma clara contra la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales de derechos humanos.
Comunidades Autónomas
Los recursos mantienen ahora mismo en suspenso la aplicación de las leyes aprobadas por los parlamentos de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Extremadura y Murcia.
En el caso de que los recursos sean retirados porque la ley autonómica entre en colisión competencial con el Estado, Ábalos y Beunza, se han comprometido a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para encontrar modificaciones normativas que garanticen su viabilidad legal.
Necesidad de un pacto de Estado
Ábalos promueve un pacto de Estado en materia de vivienda y lo ha expresado así en el Congreso. Junto a la secretaria de Vivienda colaboran para la elaboración de una Ley de Vivienda a nivel estatal que apoye la función social de la vivienda que permita aumentar el parque de vivienda pública y su especial protección jurídica para impedir que sean enajenados por fondos “buitre” y especuladores.
Además, estudian favorecer el mercado de alquiler de viviendas vacías y la reformulación e incremento de programas de ayudas de acceso a la vivienda.
