El periodista Marhuenda pierde, paga y se queda sin título de Comisario Honorífico

Las demandas y apelaciones en el caso del comisario Narciso Ortega contra La razón llegan a su fin, con sentencia condenatoria para los periodistas y el medio: 30 euros.
Edurne García Ordóñez
España
01.03.2017
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP), está que trina contra el periodista de La razón, Francisco Marhuenda, al que en tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz, se le concedió ser Comisario Honorífico, una distinción que, en ocasiones, se concede a personas que no son del cuerpo policial, “por sus méritos”.

“Méritos” que parece ser no se han consolidado en el tiempo y que llevan a que el SUP, “en apoyo al Comisario Principal Narciso Ortega Oliva, ha realizado las gestiones necesarias, a efectos de solicitar la retirada de la condición de Comisario Honorífico, a Francisco Marhuenda García, que le fue concedida por el anterior ministro de Interior, D. Jorge Fernández Díaz”.

El sindicato ha remitido hoy “un escrito al ministro de Interior, a efectos de que inste por los cauces oportunos, la RETIRADA de la CONDICIÓN DE COMISARIO HONORIFICO A FRANCISCO MARHUENDA”, porque, aclara, “la distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos, en virtud de la labor realizada a favor del mismo, quedando en evidencia y avalado por sentencia del Tribunal Supremo, los deméritos contraídos y la improcedencia de tal concesión”.

30 euros y costas

El asunto parte de una información publicada en La razón, que dañaba el derecho al honor y la imagen del comisario Narciso Ortega, por lo que éste llevó a los tribunales a Jesús María Zuloaga López, Francisco Marhuenda García y Audiovisual Española 2000, S.A.

El comisario, además de exigir la rectificación de la información que mancillaba su persona y su carrera, solicitó una indemnización de 150 euros.

Tras una primera vista llegaron los recursos de los periodistas y nuevas sentencias condenatorias, hasta la del último tribunal, contra la que no cabe apelación y que sentencia al pago de costas judiciales y 30 euros, para reparar daños al demandante.

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