Cada día la ciudadanía de este país se tiene que desayunar con una sucesión de casos de corrupción a cual más escandaloso. Los periódicos impresos, digitales, las radios y las televisiones abren sus portadas un día sí y otro también, con noticias sobre políticos corruptos, empresarios corruptores y toda la lista de los posibles delitos de corrupción que existen: malversación, cohecho, prevaricación, falsificación de documento público, apropiación indebida, fraude a la hacienda pública etc…
Esta vergonzosa coyuntura por la que atraviesa este país en los últimos años, no solo impide prosperar como sociedad, sino que degrada y empobrece la imagen de España a nivel internacional, socavando la credibilidad de los diferentes espacios públicos institucionales.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2016, elaborado por Transparencia Internacional, España retrocede cinco puestos y se sitúa en el puesto 41 sobre 176 países. Este retroceso supone el peor resultado de su historia. Empatamos en puntuación con países como Costa Rica y Brunei, y nos adelantan Uruguay, Chile, Portugal y Polonia. Con respecto a la Unión Europea, España se sitúa en el puesto 17, entre los 28 países de la Eurozona. Esto es por debajo de la media. A esto hay que añadir los datos relativos al coste que tiene la corrupción para los españoles.
Según determinan las universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia, la corrupción tiene un coste total de casi 90 millones de euros cada año. Una cifra que permitiría recuperar los brutales recortes llevados a cabo en la sanidad, la educación o la dependencia. Más de la mitad de lo defraudado, 47.600 millones de euros corresponden a sobrecostes de la Administración del Estado, por la vía de las contrataciones públicas, y los 40 millones restantes tienen que ver con los derivados directos o indirectos de las distintas formas que tiene la corrupción.
Toda esta sangría de recursos públicos que se produce día a día, mes a mes y año a año en España; podría evitarse si la ciudadanía tomara verdadera conciencia que la corrupción no solo genera un terrible daño moral y ético para esta sociedad y para este país; ocasiona daños económicos muy importantes para el Estado de Bienestar: educación, sanidad, dependencia etc..
Es tremendo asistir a como una parte muy relevante de la ciudadanía de este país continúa votando elección tras elección a partidos políticos que están imputados por corrupción, o a representantes públicos investigados por graves delitos de corrupción. No solo es grave la corrupción en su sentido más amplio, es igual o más grave la impunidad que le otorgan los ciudadanos cuando siguen votándolos en los procesos electorales.