Reflexionando sobre la sucesión de acontecimientos políticos, económicos y sociales que están marcando a este país durante los últimos años, quería pararme para realizar una serie de consideraciones sobre el ataque independentista en Cataluña, a la legalidad democrática española.
Nadie puede dudar que si repasamos nuestra historia, la cuestión catalana ha venido marcando la propia historia de España y Cataluña como proyecto común. Si hacemos memoria, en 1934, durante la Segunda República Española, ya se produjo un intento secesionista con la proclamación del Estado Catalán, y que trataba de atacar al proyecto común de España como país, y por extensión atentaba contra la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
En los meses de septiembre y octubre de 2017, se producía el segundo golpe independentista en Cataluña, contra el proyecto común español y su legalidad democrática. Ante esta situación, es relevante reparar y señalar quienes han sido los responsables de haber puesto en serio riesgo el proyecto común y de igualdad de España.
LOS GOBIERNOS DE PP Y PSOE
Los diferentes gobiernos de PP y PSOE, han sido los claros responsables de la situación acontecida en Cataluña, durante los 40 años que llevamos de democracia en nuestro país. Sus diferentes gobiernos han sido los que han alimentado al monstruo independentista catalán, accediendo a sus chantajes y en detrimento de la igualdad del resto de españoles.
Tanto PP como PSOE son los que han pactado con los nacionalistas o independentistas, con el único objetivo de mantenerse en el poder a nivel nacional, provocando como consecuencia que la brecha de desigualdad de ciudadanos y ciudadanas en otros territorios se hiciera más grande, sumando a esto la utilización de las instituciones por parte del nacionalismo catalán, que buscaba su objetivo de romper la integridad territorial de España.
Toda esta situación que vive con enfado y al mismo tiempo con tristeza e indignación la mayoría de catalanes que quieren seguir formando parte del proyecto común de España, de la mano del resto de españoles, nos está haciendo olvidar de otras cuestiones que son igualmente importantes para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país, como son el paro, la desigualdad, la precariedad, o el estado de los servicios públicos.
La tesitura actual nos demuestra el grave error que cometieron los constitucionalistas del año 1978, cuando no tomaron nota de lo ocurrido en la historia de nuestro país, y no mostraron altura real de Estado, para en aquel momento haber ilegalizado por vía constitucional, a todos aquellos partidos políticos ya sean vascos o catalanes, cuyo principal objetivo político es la ruptura territorial de España.
URGENTE ILEGALIZAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS
Ante la grave situación institucional que atraviesa nuestro país, se hace imprescindible que desde la sociedad civil catalana y española, se trabaje intensamente para exigir a nivel político la ilegalización de formaciones políticas cuyo objetivo principal es la ruptura territorial de España como país, y por extensión romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.
Y aquí me gustaría poner como ejemplo a democracias consolidadas como Francia, Alemania o Estados Unidos, que en sus Constituciones es inviable que puedan tener cabida partidos políticos que quieran romper un país.
España como proyecto común y de igualdad no puede permitirse durante más tiempo esta coyuntura y esta rémora, que lo único que nos genera es retraso y nos impide trabajar en solucionar otros problemas importantes, y retos presentes y futuros que tenemos como país.
