Uno de los aspectos más relevantes, derivado del desafío independentista a la democracia española, está siendo sin duda la manipulación y el retorcimiento de conceptos, como el de ‘’presos políticos’’ o el de ‘’represión’’.
Los impulsores de este falseamiento conceptual de la realidad, están siendo los representantes políticos de Podemos y de los partidos independentistas catalanes. Estos dirigentes públicos no tienen ningún tipo de reparo de aplicar el término de ‘’presos políticos’’, a los encarcelamientos que se están produciendo en Cataluña de diferentes dirigentes catalanes.
Lo hicieron cuando los líderes de la ANC y Ómnium ingresaron en prisión, y lo han vuelto a hacer ahora, cuando la Justicia ha determinado cárcel para el gobierno independentista catalán cesado.
A los dirigentes del partido morado y de las formaciones independentistas hay que recordarles que ese concepto de ‘’preso político’’, no se puede aplicar en ninguno de estos casos, ya que España con todas sus imperfecciones es una democracia avanzada, donde existe separación de poderes, con un Estado de derecho que cuenta con plenas garantías, dentro de su ordenamiento jurídico y constitucional.
El concepto de ‘’preso político’’ se aplica en países donde existe una dictadura en donde las libertades civiles y los derechos políticos se encuentran suspendidos o cercenados. También se aplica el concepto de ‘’preso político’’ en democracias de segundo o tercer nivel, donde los aspectos democráticos son solo una apariencia.
Es un insulto y una indignidad que estas formaciones políticas hablen y falsen la realidad en Cataluña, en relación al término preso político o represión, cuando aquí lo que se ha producido es el pleno funcionamiento de uno de los pilares fundamentales de una democracia, la Justicia. No puedo imaginar el dolor que pueden estar sintiendo hoy, todos los presos políticos de la dictadura Franquista, Chilena o Argentina cuando escuchan el falseamiento de la realidad, de estos dirigentes políticos.
Quiero remitirme a lo que aprobó en octubre de 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre los criterios que definen qué es un preso político. Según la PACE, alguien es preso político si se dan en él o ella uno de estos criterios: -la detención viola alguna de las garantías recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos (especialmente la libertad de pensamiento, religión, libertad de expresión e información y la libertad de asociación), -la detención es impuesta puramente por razones políticas, -el tiempo o las condiciones de condena no son proporcionales al delito cometido, -la detención es discriminatoria con respecto a otras personas o –si es el resultado de un proceso judicial que es claramente injusto y motivado por razones políticas. Todos estos criterios no se cumplen en la detención de Sánchez y Cuixart y tampoco se dan en las del gobierno catalán cesado.
Con respecto a los dos primeros, según el auto de su envío a prisión, ambos son los ‘’principales promotores y directores de las protestas del 20 y 21 de septiembre’’. El 20 de septiembre, más de 40 personas convocadas por ANC y Ómnium se concentraron ante la Consejería de Economía de la Generalitat, para protestar contra la detención de 11 altos cargos, arrestados por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La juez Carmen Lamela argumenta que ‘’a través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacífica, sino a la ‘’protección’’ de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales’’.
Prueba de ello, según el auto, es que ‘’en algunas convocatorias se expresaba, incluso, que las concentraciones que existían eran ‘’para aturar la Guardia Civil’’ (para parar la Guardia Civil), como expresa, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp de Ómnium de fecha 20 de septiembre, enviado sobre las 8.50 horas’’.
Por tanto, ¿Son entonces Jordi Sánchez y Jordi Cuixart presos políticos? No. Su actuación, según el auto judicial, se ajusta al delito de sedición, regulado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y que se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes ‘’se alcen pública y tumultuariamente’’ para ‘’impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes’’, o para ‘’impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales’’.
Tanto Podemos como los partidos independentistas se desacreditan ellos solos, cuando hablan falsamente de la existencia de presos políticos en Cataluña. Cada uno de estos dirigentes catalanes, no han ido a prisión por sus ideas, sino por delitos que están descritos en el Código Penal, dentro de una democracia avanzada como es España.
