Policías nacionales han desarticulado una organización que, presuntamente, estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo disponía de un centro de llamadas (call center), desde donde timaban una cantidad media de 1 euros por víctima en su factura telefónica. Los 7 detenidos se hacían pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad, para eliminar el importe de las supuestas deudas, aunque posteriormente se quedaban el dinero y la deuda seguía existiendo. La mayor parte de las víctimas no percibía el fraude, porque el proceso aparentaba ser legal, por lo que apenas se han registrado denuncias. Esta operación se enmarca en el Plan de Choque de la Unidad Central de Ciberdelincuencia contra el fraude. Recientemente, los agentes especializados han llevado a cabo dos importantes operaciones que han permitido la detención de 69 personas.
Oferta gratuita
La investigación se inició a mediados de 2016, cuando se detectó el funcionamiento de esta organización, que utilizaba diferentes web que ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Estos servicios eran ofertados de forma supuestamente gratuita, a través de las empresas que habían constituido, cuando realmente conducían a los usuarios a iniciar un proceso de diferentes llamadas de tarificación adicional de manera fraudulenta, lo que suponía timar a cada víctima unos 1 euros en su factura telefónica.
Marcas comerciales
Las compañías que realmente gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación. Sin embargo, el procedimiento realizado por los arrestados era que los usuarios contactasen con sus empresas, desde donde usaban sin autorización las marcas comerciales, propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad. Elaboraban sus web para transmitir una apariencia de credibilidad y legalidad, y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial.
Llamadas de hasta 30 minutos
Los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, mediante silencios y la supuesta realización de gestiones. Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para la tarificación adicional. Cuando las víctimas se ponían en contacto con la compañía para solicitar información sobre los ficheros de morosidad, si no estaban incluidos en ninguno, los investigados respondían que el usuario podría estar incluido por lo menos en 2 ficheros de morosidad e indicaban que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso. Les decían que ese número era gratuito y subvencionado, y que la duración media de la llamada sería de 5 minutos, aunque nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, obligándole a realizar varias llamadas sin recibir ninguna contraprestación por parte de las empresas investigadas y con un gran perjuicio económico. Los detenidos obtenían ingresos ingentes: en uno sólo de los múltiples teléfonos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80 euros.
Se quedaban con el dinero
Para darse a conocer y aumentar el número de íctimas, realizaban una campaña de addwords para posicionar sus web en los primeros lugares de los buscadores. De esa manera, cuando un usuario realizaba una búsqueda en Internet relativa a los ficheros de morosidad, en vez de aparecer en primer lugar las páginas legales, aparecían los de la compañía denunciada. Los agentes constataron que las actividades delictivas no se limitaban a utilizar números de tarificación adicional, sino que al finalizar el proceso remitían a la víctima un informe con el dinero que supuestamente adeudaban y que tenían que ingresar, para poder salir de los ficheros de morosidad. Ese dinero se lo quedaban los detenidos, por lo que las personas estafadas se quedaban sin el dinero y seguían incluidas en esos ficheros.
Empresas pantalla y testaferros
En el transcurso de la investigación se detectó que los investigados, sobre los que pesaban más de 15 requisitorias por sus actividades delictivas, empezaban a pasar a un segundo plano para evitar ser detectados y comenzaban a utilizar empresas pantalla y testaferros como cabezas visibles de sus actividades. Los dos principales investigados cambiaban frecuentemente de domicilio. Por este motivo fue bastante difícil localizarles.
Más de 4
Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias utilizadas para recibir los ingresos de la estafa, de momento no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado, aunque si se tiene en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una de ellas puede ser cercano a los 1 euros, el beneficio obtenido por los detenidos supera los cuatro millones de euros.
220 euros en efectivo
Una vez obtenida toda la información, los agentes registraron el centro de llamadas ubicado en una localidad de Madrid. Los policías incautaron más de 220 euros, numerosos dispositivos electrónicos del call center, desde donde atendían las llamadas, documentación de la facturación y numerosos objetos de valor.
Contra el Fraude y la Ciberestafa
Esta operación se enmarca en el Plan de Choque contra el Fraude y la Ciberestafa establecido por la Policía Nacional. Recientemente, los agentes especializados en la lucha contra las ciberestafas, pertenecientes a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, llevaron a cabo una de las más importantes operaciones contra esa modalidad delictiva, al detener a 45 personas que conformaban un complejo entramado que habían conseguido estafar a unas 2.400 víctimas. Los investigadores identificaron 286 cuentas bancarias que eran empleadas para canalizar sus beneficios y solicitaron el bloqueo de 39 web fraudulentas; páginas que eran creadas imitando otras de empresas consolidadas y fiables, y donde ofertaban artículos principalmente de electrónica y telefonía, cometiendo las estafas. En otra operación, se arrestó a 24 personas que conformaban una red internacional, que utilizaba de forma fraudulenta tarjetas vinculadas a sistemas Wallet y NFC de apps de pago para móviles. Los detenidos se apropiaron mediante phishing de las credenciales bancarias de más de 300 perjudicados, y defraudaron más de 1 de euros anuales que blanqueaban a través de criptomonedas.
