Investigan 33 contratos en los que la Generalitat pudo ''ocultar'' estructuras de Estado

La Guardia Civil está investigando si la Generalitat de Cataluña, ''ocultó'' la creación y el desarrollo de estructuras de Estado.
Iván Leal Ramos
España
14.11.2017
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La Guardia Civil investiga 33 contratos por 811 millones, en los que la Generalitat de Cataluña, pudo ”ocultar” estructuras de Estado, entre los acuerdos marco y contratos que formalizó entre los años 2012 y 2016 con más de 40 empresas tecnológicas.

33 CONTRATOS POR VALOR DE 811 MILLONES

El informe entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona, ha seleccionado un total de 33 contratos por valor de 811 millones de euros, en los que podrían estar camuflados los trabajos para dar soporte informático, a las nuevas estructuras que preveía crear el Gobierno catalán para dar paso a la República.

Este informe, que se realizó inicialmente por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incluye los contratos realizados por el CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) o a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con el que el primero tiene un convenio de colaboración y que ha levantado sospechas de los investigadores.

¿QUÉ ES EL CTTI?

El CTTI es el organismo del Gobierno catalán encargado de la contratación centralizada, la gestión y el suministro de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de toda la Administración autonómica.

Según ha explicado la Guardia Civil, aparte de la licitación pública habitual para la contratación de obras y servicios, el CTTI ”ha estado utilizando de manera habitual los denominados Acuerdos-Marco, donde se regulan las condiciones que deben regir los contratos”.

En esos Acuerdos-Marco se contempla la prestación de servicios mediante dos modalidades: recurrentes y bajo demanda. Sin embargo, es esta última modalidad la que permite encargar la prestación de cualquier servicio con la única presentación a la sociedad adjudicataria del contrato, de una orden de trabajo, es decir, ”sin la necesidad de la publicidad derivada de una licitación pública”.

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