Catalá llama a continuar las reformas para afianzar la seguridad jurídica

Afirma que es la clave que ha devuelto a España a la senda de la recuperación y el crecimiento económico.
COLUMNA CERO
España
25.01.2017
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Rafael Catalá, que considera que la mayor seguridad de un país en términos jurídicos redunda en mayor potencial para atraer inversión y ser competitivo económicamente, ha defendido que el esfuerzo invertido durante los últimos años por la sociedad española no debe detenerse ahora, siendo necesario articular reformas tanto en la defensa y protección del Estado de Derecho, como en la propia reforma de la Justicia. En ese sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que es necesario mejorar la forma de hacer las leyes, aumentando la participación de expertos y destinatarios y cuidando el lenguaje jurídico. Al mismo tiempo, aboga por buscar el sentido práctico de las normas, aludiendo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de ‘compliance’, que sirven para reforzar las estructuras empresariales y conceden la oportunidad de alcanzar un instrumento de control interno.

Catalá ha apuntado también a la necesidad de dotar de más medios materiales y humanos a la Justicia y en ese sentido considera necesaria una mayor especialización de los juzgados que les permita afrontar y agilizar los pleitos complejos.

En la línea de una mejor organización de los recursos disponibles, el ministro se ha referido al proceso inexorable de digitalización de la Justicia. LexNet y el expediente judicial electrónico están contribuyendo a eliminar los tiempos muertos que se generan con un sistema de notificaciones en papel.

[Sumario]

Si somos capaces de tener mejores leyes, más y mejores profesionales y utilizamos las nuevas tecnologías, ha dicho el ministro, conseguiremos una Justicia más ágil, cercana y que responda con calidad e inmediatez a las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de garantías, tiene un valor incalculable y es el medio para fortalecer nuestra economía y atraer inversiones.

En ese sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que la reforma de la Justicia, concebida como meta prioritaria, debe gozar del mayor consenso político, institucional, profesional y social dentro de una Estrategia Nacional de Justicia que canalice las reformas de forma estructural.

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